La verdad es que la justicia desde hace algunos años ya no es como se lo describe en una balanza, ya que desde que se permitió la injerencia de los otros poderes del Estado, esta ha dejado de ser oportuna, imparcial y equitativa como es el deseo de la mayoría de los ecuatorianos.
A raíz de su politización se evidenció un cambio radical en la selección de sus funcionarios, en razón de que los concursos públicos de méritos y oposición convocados, han servido de fundamento para que ingresen profesionales del derecho nada idóneos para el desempeño de tan delicadas funciones. Tan así que estos han recibido cuestionamientos de todo orden por parte de la ciudadanía, que ha observado absorta como se manipulan y se interpretan con desfachatez, que a la larga nos hacen creer que están obrando bien, cuando la realidad nos demuestra que todos son amañados, producto de acuerdos por debajo de la mesa, pago de compromisos o cuotas políticas, si no son resultado de reconocimientos económicos exigidos a cambio de sus designaciones. El último factor es determinante para que el funcionario elegido ingrese predispuesto a obtener el valor invertido para tal designación, de cuyas acciones inmorales y falta de ética se hacen de la vista gorda las autoridades encargadas.
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Otro de los factores que influyen en decisiones cargadas de parcialidad y desacato a las leyes, tienen relación en el campo penal con la intimidación de la que son víctimas los operadores de justicia por parte de los delincuentes. Los funcionarios se encuentran totalmente desprotegidos, y carecen de la seguridad que necesitan para expedir sus resoluciones conforme a derecho, pues las amenazas se dirigen contra ellos y también en contra de su familia.
¿Qué se puede esperar entonces de la justicia si no se adoptan correctivos para solucionar este problema? (O)
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Galo Rodríguez Villacís, Quito