Por los próximos comicios para elegir presidente de la República y representantes de la Asamblea Nacional, la ciudadanía solicita que todo el preceso, trabajo de digitalización de los datos de votación, etc., se realice con seguridad, transparencia y orden a nivel nacional.


En los últimos años, los procesos electorales han sido cuestionados por la ciudadanía respecto a su transparencia y credibilidad, como la supuesta existencia de centros de cómputo paralelos y los denominados apagones electorales, entre otros. Sin embargo, continúa laborando cierto personal clave que opera los mismos sistemas cuestionados con algunas direcciones que no gozan de confianza ciudadana.

Para las próximas elecciones en el país, legalmente no es posible cambiar a autoridades electorales, pero sí es posible y además es indispensable que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecute las recomendaciones formuladas por la Contraloría General del Estado (CGE) en sus informes, y se realice con urgencia una auditoría profesional e independiente del funcionamiento de los sistemas en todas las etapas, desde el padrón electoral hasta la emisión de resultados, de manera ininterrumpida, oportuna y verificable.

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Esta actividad que debería ser promovida por quienes participen en las próximas elecciones podría ser efectuada por la Contraloría General del Estado y asimismo contar con el acompañamiento de varios expertos en tecnología de la información de universidades y de otros ciudadanos profesionales, para que, ejerciendo el control social, validen antes de su aplicación el funcionamiento de los sistemas auditados. No hacerlo en la forma inmediata que sugiero, podría mantener la falta de credibilidad en el proceso y restar legitimidad a los triunfadores.

En una segunda fase, cuya ejecución debería efectuarse después de las elecciones, es también indispensable revisar el Código de la Democracia y otras normas relacionadas, con el objeto de mejorar los requisitos para conformar los partidos y movimientos políticos, a fin de evitar su proliferación y una deficiente representación. (O)

Mario Gustavo Andrade Trujillo, auditor, Quito