El título primero del Código de la Democracia establece los principios esenciales de la Función Electoral, garantizando el derecho al voto y la soberanía popular. También define los procedimientos para la votación, el escrutinio y la asignación de escaños en elecciones nacionales y locales, promoviendo una representación proporcional y estableciendo los requisitos para la elección de autoridades. En el capítulo octavo, se detalla el proceso de votación y escrutinio, destacando el uso de papeletas tanto físicas como electrónicas, el papel de las juntas receptoras del voto y los mecanismos de conteo diseñados para asegurar la transparencia y el respeto al sufragio.
No obstante, a pesar de la claridad de estos procedimientos, persisten dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales, alimentadas por sospechas de fraude o manipulación. Esta situación ha generado una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las acciones y decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que se percibe que los procesos no reflejan con precisión el “voto real”. Las discrepancias entre el voto político y el voto real no son producto de una falta de principios en el Código de la Democracia ni de un fallo en el sistema en sí. Sin embargo, estas diferencias se agravan particularmente en la asignación de escaños, donde lo obtenido a través del voto real se desvanece y surge el sufragio político, justificándose las diferencias como posibles “errores” del sistema.
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Es fundamental reconocer y enfrentar la realidad de que en nuestro sistema democrático persiste la sombra del fraude, evidenciada en la discrepancia entre el “sufragio político” y el “voto real”.
El sufragio político, en muchos casos, no representa con precisión la verdadera intención de los votantes, lo que pone en riesgo la legitimidad de los procesos electorales. En contraste, el “voto real” es el sufragio auténtico emitido por cada ciudadano, es decir, la voluntad genuina expresada en la papeleta, que debería ser el reflejo más fiel de la elección individual.
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Haciendo patria como estadista
En este contexto, el CNE debe incorporar tecnologías avanzadas y adoptar mejores prácticas democráticas para eliminar la brecha entre el voto real y el sufragio político. La ciudadanía ya no atribuye las discrepancias a simples errores en la transmisión de datos o fallos humanos durante el conteo, lo que ha generado una creciente desconfianza hacia este organismo público. Por ello, es fundamental que el CNE implemente soluciones confiables que restauren la credibilidad en el sistema democrático. La adopción de herramientas como la biometría dactilar, la votación y urnas electrónicas, así como el uso inteligente de la inteligencia artificial, podría reforzar la transparencia y la precisión en el proceso de conteo, garantizando que se respete la verdadera voluntad ciudadana en cada elección popular. (O)
Raúl Ernesto Santamaría Salazar, magíster en telecomunicaciones y abogado, Guayaquil