La Constitución de la República del Ecuador proclama al Estado como garante de la vida, la integridad y la seguridad de todos sus habitantes. Sin embargo, la realidad actual contradice este mandato supremo: asesinatos, sicariatos, cobros de ‘vacunas’ y muertes en las cárceles y las calles, lo que ha convertido al país en un territorio donde el miedo se ha vuelto cotidiano. Adolescentes reclutados por bandas, familias que viven con la angustia de los robos y ataques sorpresivos y barrios enteros sometidos por grupos criminales revelan un escenario que hiere los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. La carta magna, junto con los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), exigen que el Estado proteja el derecho a la vida, a la seguridad y a la paz social. La pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo deberá soportar la ciudadanía esta violación de derechos fundamentales? Las autoridades no pueden limitarse a respuestas reactivas o discursos; se requiere una política integral que asegure la prevención, el acceso real a la justicia, la rehabilitación de jóvenes y la desarticulación de las organizaciones criminales.
Daniel Noboa: entre la estrategia del ajedrez y el tablero político
Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, hago un llamado respetuoso a quienes ejercen el poder para que asuman con decisión y transparencia la responsabilidad que la Constitución les impone; y si no están en la capacidad de cumplirla, den un paso al costado para que otras manos, con la valentía y la preparación necesarias, asuman su rol con la responsabilidad que el país exige. (O)
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Elio Roberto Ortega Icaza, mediador y abogado criminalista, El Coca