La situación actual en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas y en todo el Ecuador refleja una profunda crisis de seguridad, institucionalidad y protección ciudadana. La expansión de la narcodelincuencia y la corrupción ha afectado gravemente tanto a pequeños negocios como a obras públicas, evidenciando la ineficacia de autoridades, gremios y entidades estatales encargadas de velar por el bienestar colectivo.
Los artesanos y microempresarios enfrentan diariamente extorsiones conocidas como “vacunas”, que han provocado el cierre de negocios como peluquerías y farmacias, e incluso la muerte de sus propietarios al negarse a pagar. Casos recientes en sectores como Pascuales muestran la gravedad del problema, donde conciudadanos han sido asesinados sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Esta problemática no se limita al comercio minorista. También alcanza al ámbito profesional y a la ejecución de obras públicas. Un ejemplo trágico de esta situación de inseguridad es el asesinato de los ingenieros Xavier Morán y Kenny Pinto en febrero de 2024, en el sector Flor de Bastión, mientras cumplían funciones de fiscalización en un proyecto municipal. Este hecho refleja la vulnerabilidad incluso de profesionales altamente calificados frente al crimen organizado.
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A pesar de contar con supuestos sistemas de videovigilancia y recursos tecnológicos, no existe un seguimiento eficaz de los delitos ni procesos judiciales y legales contundentes. No se han generado políticas claras ni reformas legales que protejan a los ciudadanos.
Además, espacios públicos como parques se han convertido en focos de inseguridad y consumo de drogas, esto evidencia un deterioro generalizado del tejido social y del control estatal.
Ante esta situación, se plantea la necesidad de una respuesta más firme y organizada, incluyendo una mayor participación de las Fuerzas Armadas y sus reservistas para garantizar la seguridad ciudadana. También se hace un llamado a la unidad del pueblo ecuatoriano, especialmente de la fuerza laboral, profesionales y artesanos, para exigir cambios reales en el sistema político y en la gestión de la seguridad.
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Los ecuatorianos debemos recordar que la soberanía reside en el pueblo mismo, y es este quien debe exigir rendición de cuentas y, de ser necesario, impulsar cambios estructurales para recuperar el orden, la justicia y la paz.
Finalmente hago énfasis que solo a través de la unidad, el compromiso ciudadano y el fortalecimiento de valores como la justicia, la libertad y la dignidad, será posible reconstruir un Ecuador más seguro, próspero y democrático para las futuras generaciones. (O)
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Alfredo González V., ingeniero civil, Guayaquil




















