La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Educación Financiera en Ecuador marca un punto de inflexión necesario, pero no suficiente. Por primera vez el país establece un marco obligatorio, progresivo y transversal para enseñar a gestionar el dinero desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo además formación para adultos y sectores vulnerables . Sin embargo, como bien advierten las reflexiones publicadas en Diario EL UNIVERSO, el problema no es solo normativo, sino cultural y práctico.
Durante años, el ecuatoriano promedio ha convivido con una peligrosa paradoja: acceso creciente a crédito, pero escasa comprensión de su uso. No es extraño encontrar personas con múltiples tarjetas que interpretan el cupo como dinero disponible, cuando en realidad es deuda futura. Esta desconexión entre herramienta financiera y conocimiento básico explica niveles preocupantes de sobreendeudamiento. La ley llega, entonces, como respuesta estructural a un problema cotidiano. Pero aquí surge la pregunta: ¿puede una ley cambiar hábitos financieros?
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La evidencia sugiere que no por sí sola. La educación financiera, para ser efectiva, debe trascender el aula y convertirse en experiencia. No basta con enseñar conceptos como ahorro, crédito o inversión; es imprescindible traducirlos en decisiones diarias: cómo comprar, cuándo endeudarse, cómo planificar ingresos irregulares o cómo evitar fraudes digitales, aspectos que la nueva normativa ya incorpora de forma acertada .
El verdadero desafío está en el “cómo”. La educación financiera no puede limitarse a contenidos teóricos ni a discursos institucionales. Ecuador necesita una educación financiera de campo: en mercados, barrios, cooperativas y hogares. Necesita simulaciones reales, acompañamiento práctico y herramientas simples que permitan a las personas tomar decisiones informadas en tiempo real.
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Esto implica un cambio de enfoque: pasar de enseñar “qué es el dinero” a enseñar “cómo se comporta el dinero en tu vida”. Por ejemplo, no basta explicar el interés compuesto; hay que mostrar cómo una deuda mal gestionada puede duplicarse en meses.
Además, la ley introduce un componente crucial: la prevención de fraudes y el uso seguro de herramientas digitales. En un entorno donde las estafas digitales crecen, esta dimensión no es complementaria, sino esencial. Educar financieramente hoy también es educar en seguridad.
Desde una perspectiva estratégica, esta ley tiene el potencial de convertirse en un motor de inclusión financiera y bienestar social. La educación financiera no solo mejora decisiones individuales; también fortalece el sistema económico al reducir riesgos, mejorar la calidad del crédito y fomentar el ahorro.
Pero el éxito dependerá de tres factores clave: formación real de docentes, articulación entre instituciones y, sobre todo, medición de impacto.
Ecuador ha dado un paso importante, pero ahora debe dar el siguiente: transformar la educación financiera en una competencia práctica, cotidiana y medible. Porque al final, la verdadera educación no es la que se enseña, sino la que se aplica. (O)
Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, Durán