En la consulta popular del 20 de agosto de este año se preguntará a los votantes si estamos de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo.
Más allá de que la pregunta no es muy clara porque muchos (creo que la mayoría) ignoramos qué significa ITT y cuál es el bloque 43, a mí me da la impresión de que, aun en el caso de que la respuesta mayoritaria fuera “sí”, el resultado no será necesariamente de fácil ejecución y bien podría ser inejecutable. Las razones: el propietario de las tierras y del petróleo es el Estado ecuatoriano, no el Gobierno del Ecuador. Por decirlo sencillamente: el Ecuador es el Estado, es el barco en que estamos todos, es permanente; mientras que el Gobierno es el timonel, es temporal. Si el soberano no le ha ordenado al Estado, sino al Gobierno, mantener el crudo bajo tierra, siempre habrá lugar a discutir si la decisión se tiene que cumplir sin objeción posible, ya que podrían surgir otras entidades del Estado y oponerse por considerar argumentos diversos que no caben en este breve comentario. Pero pongamos ejemplos: el procurador del Estado no es parte del Gobierno, sino el representante judicial del Estado, y bien podría considerar peligroso para el país exponerse a demandas millonarias y oponerse al cumplimiento. La Asamblea Nacional no es parte del Gobierno, y también podría invocar sus razones y pelear contra la decisión. La Función Judicial, que tampoco es parte del Gobierno, podrá, a instancia de parte, resolver contra el cumplimiento. Y hasta la Corte Constitucional (que tampoco integra el Gobierno), aunque aprobó que se haga la pregunta para la consulta popular, no la redactó y podría en un momento dado resolver contra la ejecución del eventual triunfo del Sí. Comprendo que se pueden esgrimir muchos argumentos contra esta simple opinión, entre otros que, según el artículo 141 de la Constitución, el presidente de la República “es el jefe del Estado y del Gobierno”; pero repito, la pregunta de la consulta no va dirigida a que el Estado (tampoco al presidente) cumpla ese mandato popular, sino a que lo haga el Gobierno, y no son la misma cosa. (O)
Jorge Wright Ycaza, doctor en Jurisprudencia, avenida Samborondón
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