Popularmente, los ecuatorianos denominamos como ‘rosca’ a aquel grupo con intereses en común, poder político y/o económico, que entre todos sus miembros actúan en beneficio del equipo.

Muchas veces, tanto en el ámbito público como en el privado, estas actuaciones pueden ser contrarias a las leyes o a los principios básicos que debemos tener todos los ciudadanos, tales como respeto, honradez, humildad y solidaridad.

Las roscas que más nos molestan a los ecuatorianos, creo yo, son aquellas formadas por altos funcionarios del Gobierno que actúan bajo el paraguas de sus competencias, potestades e influencias, para proteger y asignar contratos a sus amigos, conocidos, familiares o cualquier otro que, como un “agradecimiento”, les devuelven algún beneficio económico. Las roscas políticas son fuertes de romper, pues sus partes están sólidamente horneadas, además que entre ellos conocen las estafas e ilegalidades que cometen, por lo que a ninguno le conviene hablar o dejar de ser parte de la rosca. Conocen que las consecuencias de romper la rosca a través de denuncias o cualquier otro hecho que ponga el ojo de la prensa o del público sobre el grupo pueden privarlos de la libertad o de sus propias vidas.

Recientemente (y para poner un ejemplo concreto de duda ciudadana) han salido a la luz los resultados de un proceso de contratación pública de la EP Petroecuador, relacionado con los seguros que deben proteger los bienes de la empresa pública más importante de nuestro país. Contrario a lo que todos los ecuatorianos queremos, este proceso se ha visto detenido, limitado o afectado por actuaciones de varios poderes e instituciones pública, tales como el Servicio Nacional de Contratación Pública, la Contraloría General del Estado, la Función Judicial, la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Lo peor es que mediante una última resolución, la empresa contratante volvió a adjudicar el contrato a Seguros Sucre, empresa estatal con algunas causas de corrupción en su contra. ¿Cuál podría ser el interés de varias instituciones en que estos contratos no pase a manos de empresas privadas honorables y correctas?, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar actuaciones del alto gobierno que limiten la competencia y fomenten la corrupción? ¿Cree usted que en estos casos hay una rosca?

Hay dudas y todos tenemos el derecho a cuestionar las actuaciones administrativas del Gobierno, así como las decisiones judiciales. No puedo certificar la existencia de una rosca, pues como un ciudadano normal, veo las noticias, comunicados de prensa en redes sociales y paginas web, pero como columnista los invito a reflexionar sobre lo que vemos y escuchamos. Es deber de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría General del Estado identificar y romper las roscas de poder y corrupción, investigando a los altos funcionarios que permiten delitos contra la administración pública.

El gran riesgo e incertidumbre que tenemos como ecuatorianos es saber si los miembros de estas últimas instituciones son parte de la rosca, pues de ser así, la impunidad y la corrupción seguirá en nuestro gobierno. (O)