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Necesaria, pero no suficiente

Gracias a la enorme presión de la opinión pública, del Fondo Monetario, de los medios de comunicación, de la Fiscalía General y de algunos pocos políticos, la Asamblea, luego de meses y meses de estancamiento, no tuvo otro remedio que aprobar recientemente la Ley de Extinción de Dominio. La ley constituye una herramienta indispensable para incautar los activos de quienes no pueden dar una justificación razonable de su origen, y para prevenir que estos atracos continúen impunes. Muchas naciones tienen leyes similares y hasta más agresivas. Es más, en nuestro país ya existe un régimen similar con respecto al narcotráfico, que es el hermano gemelo de la corrupción. La ley era indispensable para evitar ese espectáculo bochornoso de juicios que culminan en condenas, pero que al final nada de lo robado puede recuperarse: las coimas, los sobreprecios, todo se ha esfumado. El cinismo es tal que muchos de estos delincuentes deciden pasar unos pocos años en prisión (siempre tendrán a la mano un juez garantista que les reduzca la sentencia) sabiendo que podrán luego disfrutar de lo robado tranquilamente, pues la propia sentencia que los condenó les va a servir de escudo en el futuro.

Lo sucedido en la última década y media es un claro ejemplo de las limitaciones legales que tiene el país. Viven en mansiones faraónicas en sitios como Samborondón y Cumbayá, se mueven en autos de lujo, tienen casas que parecen condominios en los balnearios, pero prácticamente no pagan impuesto alguno a la renta y muchos ni siquiera se molestan en presentar sus declaraciones. Es más, hay quienes vivieron modestamente durante buena parte de su vida y otros lo hicieron bordeando la insolvencia. Y, sin embargo, si hay algo que los caracteriza es que muchos de ellos han sido políticos, funcionarios, amigos de los presidentes de turno, contratistas del Estado o financistas de campañas electorales. Nadie les exige que expliquen sobre el origen de su patrimonio, por lo que andan tan campantes. No es una coincidencia que el Ecuador esté entre los países más corruptos del mundo, de acuerdo con diferentes mediciones internacionales. Allí está la razón del rol dominante que tienen en nuestra economía naciones como la China, y del escaso interés que muestran en invertir en infraestructuras, petróleo y otras áreas las empresas europeas, estadounidenses o japonesas. (Compárese el proyecto hidroeléctrico de Paute, construido por la italiana Impregilo en los gobiernos de Roldós y Hurtado, con lo que sucede hoy en ese mismo sector dominado por empresas chinas).

Pero la mencionada ley no va a ser suficiente. La mafia correísta –que hoy está desesperada por regresar a robar lo que queda– dejó una impronta de corrupción gigantesca en nuestro tejido social que no es fácil borrar. Si no existe una decisión política y una solidez institucional, pero sobre todo un acuerdo nacional, con ley o sin ley, el Ecuador seguirá con el estigma de ser una de las naciones más corruptas del planeta. Por eso es por lo que urge la creación de una comisión internacional, con personal especializado, recursos y poderes suficientes para contribuir con la titánica labor que tiene por delante la Fiscalía General, un planteamiento que ha sido apoyado únicamente por el candidato presidencial Guillermo Lasso. (O)

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