El 4 de febrero la sociedad ecuatoriana acudirá a las urnas. El proceso electoral definirá al presidente y vicepresidente de la República, a ellos se sumarán asambleístas para el Parlamento Andino y la Asamblea Nacional. Empero, la campaña electoral tiene un componente fundamental, la presencia del COVID-19, virus que ha transformado la dinámica proselitista.
Las redes sociales se afianzan como un canal entre el candidato y el elector. Un estudio realizado por la ONU Mujeres en el 2019 muestra que en las redes sociales el acoso se presenta de manera concurrente sobre los actores públicos, particularmente sobre la mujer por su condición femenina o por su imagen
de funcionaria. Este tipo de hechos se lo cataloga como violencia política de género, puesto que impide, obstaculiza o restringe los derechos de la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. El actual Código de la Democracia lo determina como una infracción electoral muy grave y lo sanciona con multa económica de 21 a 70 salarios básicos unificados y/o la suspensión de los derechos de participación de quien agrede. En la actual coyuntura electoral las redes sociales serán el soporte para propagandas y mensajes políticos; asimismo, reflejarán la estructura social y cultural patriarcal incólume en determinados discursos, prácticas y textos de políticos y de la ciudadanía en general. De ahí que es emergente regular y controlar la campaña electoral en los mencionados medios, con la finalidad de que no se menoscabe a nombre de la libertad de expresión, la participación de las mujeres en la contienda electoral. Si bien existe la jurisprudencia para sancionar este tipo de expresiones, es oportuno a pretexto de la actual pandemia iniciar un cambio en los modelos y roles de representación de hombres y mujeres. (O)
Álex Germán Panizo Toapanta, antropólogo e investigador, Quito