Desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020 la vida parece haberse paralizado. Eventos políticos, culturales y deportivos han sido suspendidos. La economía mundial se ha desacelerado retrocediendo a nieles superados décadas atrás, sumergiendo al mundo entero en una crisis económica sin precedentes.

Algunos sectores, sin embargo, han experimentado gigantescos saltos hacia el futuro, innovaciones que demostraron sus potencialidades gracias a la crisis: las teleconferencias, el aprendizaje a distancia, “home working” llegaron para quedarse, transformando la educación, el trabajo, las formas de consumo e incluso la vida privada. El 2020 ha sido un ciclo de granes retos, profundos cambios, avances inesperados y retrocesos no deseados, cuyo balance final no podremos apreciar hasta dentro de unos años.

En materia política, la pandemia ha sido el camuflaje predilecto de los líderes autoritarios para encubrir el desmantelamiento de la democracia. Según un informe del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, entre marzo y diciembre de 2020 en el 66% de los países del mundo se han registrado trasgresiones a los estándares democráticos. De ellos, en 10% las violaciones son consideradas mayores. La lista de violaciones incluye declaratorias de emergencia nacional con medidas discriminatorias, derogatoria de derechos, limitaciones a los poderes legislativos, limitaciones al trabajo de los medios de comunicación, campañas de desinformación oficiales, entre otras.

En el caso venezolano, la Pandemia ayudó al gobierno de Nicolás Maduro a imponer la realización de elecciones parlamentarias. Para ello, sin embargo, se vio obligado a violar casi todas las normas electorales. En primer lugar, impuso a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nuevas autoridades en el organismo electoral, con una clara orientación político partidista. En segundo, modificó por completo el sistema electoral, aumentando el número de diputados y creando nuevos mecanismos de elección, fuera de los períodos y parámetros establecidos por la constitución. También intervino los más importantes partidos políticos opositores, así como un partido chavista, imponiendo juntas directivas sumisas, dispuestas a aceptar cualquier condición política.

Como es costumbre, lejos de ocultar el uso ilegal de los recursos públicos por parte de los candidatos del partido de gobierno, lo incentivó “transparentemente”, acompañándolo además de chantajes y amenazas a través de los mecanismos de control político social desarrollados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Pero lo más llamativo del proceso electoral fue la extraña promoción realizada por el gobierno de los grupos disidentes opositores que participaron en las elecciones. En un intento por construir una nueva y leal oposición para aparentar con ella una mínima competitividad democrática, el gobierno permitió por vez primera en 20 años, el acceso de partidos distintos a los del gobierno a los medios de comunicación del Estado durante una campaña electoral. El objetivo era, evidentemente, deslegitimar al liderazgo opositor abstencionista del denominado G4 (compuesto por los partidos AD, PJ, UNT y VP) y que encabeza Juan Guaidó, legitimando a los partidos sumisos que si participaban. Sin embargo, el efecto del nuevo y desproporcional sistema electoral le otorgó más del 91% de los escaños al chavismo, ridiculizando y obligándo a la oposición leal a cometer, en alianza con el organismo electoral y el chavismo, un fraude para otorgarle dos escaños extra y completar 20 de los 477 curules.

Así, el gobierno de Nicolás Maduro creó y destruyó en un solo ciclo electoral una oposición ficticia, que levantado mayores certezas sobre el carácter autoritario del régimen político venezolano. (O)