El incremento de la espiral de inseguridad en el país provoca desazón y gran preocupación en la gente que se siente en buena parte en indefensión. Tanto es así que las personas apenas si atinan a mirarse la cara unas a otras en busca de respuestas a esta problemática. Los asaltos, robos, homicidios, muertes por encargo, amotinamientos en las cárceles, etc., son noticias permanentes en medios de comunicación que no dan abasto a tanta crónica roja. En ese escenario resulta que la gente no solamente tiene que protegerse del coronavirus que se expande silenciosamente en el país alimentando las estadísticas de dolor, sino también ahora debe tomar mayores precauciones ante la arremetida de una delincuencia que no conoce de escrúpulos.

Así, las cifras oficiales en el Ecuador dan cuenta de una realidad conflictiva. Verbigracia, para el periodo enero-mayo 2020, las muertes violentas ascendieron a 486 casos, mayor a los 473 reportados en 2019 y a los 446 registrados en 2018, para igual periodo de revisión, en los que el uso de armas de fuego estuvo presente en un 59% de los eventos.

Es decir, existe una evidente e importante correlación entre las muertes violentas producidas y el uso de armas de fuego.

En esas condiciones que, ciertamente, producen un justificado temor en la ciudadanía, no han faltado políticos que han aprovechado la ocasión para introducir, de una manera bastante simplista y hasta irresponsable, una propuesta polémica como es la tenencia y porte de armas por parte de la población como mecanismo de autodefensa.

Lo cierto es que en ese espinoso tema deberíamos antes mirar el espejo de otros países, como es el caso de los Estados Unidos, en donde en un estudio se define que ‘…el 57 % de los consultados reconoce salir armado a la calle: 11 % admite que lo hace siempre, un 1 5% casi siempre y un 31 % algunas veces…’. El resultado de eso son los cada vez más frecuentes tiroteos que involucra a víctimas civiles e incluso a niños en cuyos centros escolares se han vivido horas de horror.

Y claro, detrás de armar a la gente -como sucede en el país del norte- podrían estar intereses relacionados con las empresas productoras de armas. Igual cosa ocurre en la guerra contra las drogas en las que el narcotráfico no se limita a la producción y comercialización de sustancias prohibidas, sino que, en torno a este macabro negocio, está la utilización de precursores, venta de armas ligeras, así como el lavado de dinero.

Entonces, no se puede pensar de manera lineal y proponer, de manera liviana, el facilitar al ciudadano la tenencia y porte de armas letales. Eso equivale a echar gasolina al fuego y desmonopolizar la prerrogativa propia del Estado de ejercer la violencia legítima.

La inseguridad debe ser enfrentada no solamente con el uso de la fuerza. Resulta insuficiente. Hay que atacar a los problemas en su base, creando oportunidades de trabajo en la gente antes que facilitarles un arma de fuego que amenaza a la vida de quien la porta, así como de su propio - y a veces más cercano- entorno.

Actuemos con responsabilidad. (O)