En este país de los escándalos diarios, hay cabos que van quedando sueltos sin que nadie los recoja y termine de atarlos.

No cabe duda de que en la década del gobierno de la revolución ciudadana se dilapidó la más grande bonanza económica que tuvo el Ecuador en toda su historia.

El dinero se fue por todos lados: despilfarro en instituciones creadas para intentar acaparar más poder y control, obras innecesarias y/o mal hechas, sobreprecios, corrupción, etcétera.

Y entre los tantos escándalos que vivimos y que se volvieron parte de una normalidad bizarra durante el gobierno de la revolución ciudadana, estuvo el manejo de los seguros estatales, a través de un perverso monopolio estatal que no sirvió para otra cosa que no fuera sangrar las arcas públicas a manos llenas. Y hoy sabemos que fue para sacar dinero del país, quien sabe para qué fines y hacia qué bolsillos.

No es casualidad que la justicia americana haya ya determinado y sancionado por actividades delictivas a través de su sistema financiero, a exautoridades públicas ecuatorianas e intermediarios de seguros, en relación precisamente a contratos de aseguramiento de bienes estatales, situación que ha generado que dichas investigaciones se extiendan al Ecuador a través de nuestras autoridades locales.

Piense usted un momento, estimado lector, en todos los actos de corrupción y escándalos que han salido a la luz en todos estos años, que involucran a la otrora empresa monopólica estatal de seguros, sus ejecutivos y las empresas públicas aseguradas. Y dicho esto, le pregunto:

¿Cómo es posible que una empresa que no paga siniestros al mismo Estado, que se queda manejando cuentas por años encaramada en prórrogas y en “tumbar” procesos, mientras el ente de control cierra un ojo y abre el otro para buscar la quinta pata al gato a sus competidores, siga pretendiendo acaparar seguros públicos?

¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la UAFE, la Fiscalía General del Estado y la Superintendencia de Compañías investiguen a fondo tantas denuncias en relación a esta absurda situación?

¿Cómo puede ser que una empresa de propiedad del Estado incumpla sus obligaciones con el mismo Estado, y lejos de sancionar a los responsables, tenga la audacia de seguir captando cuentas estatales, si la normativa vigente expresamente prohíbe que un contratista que adeuda al Estado pueda contratar con este?

¿Acaso una empresa no estatal podría tener iguales privilegios?

¿Será que en ese caso el Sercop sí actuaría, sin llenarse de pretextos para no hacerlo?

¿Desde cuándo es función del Estado competir con el sector asegurador?

¿Cómo es posible que un Estado que adeuda a maestros, médicos, clínicas de diálisis (por mencionar los casos más angustiosos que vienen a mi mente) no cobre millonarias deudas a una empresa de su propiedad? Y por el contrario, le permita seguir enquistada en los seguros estatales en detrimento de sus propios intereses, que son los de 16 millones de ecuatorianos?

¿Qué poderosos intereses hay detrás de este tema? ¿Es que en el actual gobierno esta barbaridad tiene padrinos?

¿Hasta cuando? (O)