En la campaña electoral, en la que ya estamos inmersos, aterrizó la idea de una renta básica universal, RBU. Sus impulsores han anunciado su presentación como proyecto de ley en la Asamblea y han identificado al Banco Central como la fuente de los recursos necesarios para cubrirla. De inmediato, el tema saltó al centro del debate y seguramente ocupará ese lugar por un buen tiempo. Pero, antes de entrar en eso, cabe considerar algunos antecedentes de la iniciativa y sopesar sus posibles efectos.

La RBU es una idea que venía dando vueltas por el mundo en los últimos años y cobró fuerza cuando se hicieron evidentes los efectos de la pandemia. Varios organismos de Naciones Unidas se hicieron eco y sugirieron su aplicación no solamente para enfrentar el desempleo y el incremento de los niveles de pobreza, sino también para evitar los estallidos sociales. Es, sin duda, una propuesta atractiva si se la considera en términos de equidad y de justicia social, pero también da lugar a varias objeciones.

Una de esas observaciones es de fondo, y se refiere a la concepción misma de un ingreso que se asigna sin la contraprestación de un esfuerzo (el trabajo) por parte de las personas que la reciben. El cuestionamiento destaca la posibilidad de que una renta obtenida a cambio de nada puede contribuir a crear –o a consolidar– grandes segmentos ociosos de la población que no tendrían incentivos para buscar trabajo. Sobre todo, sostienen los objetores, no se crearían las condiciones para que quienes la reciban puedan salir de la pobreza. En síntesis, la RBU sería un círculo vicioso que llevaría a consolidar bolsones de pobreza en la sociedad.

La segunda objeción es esencialmente práctica y apunta al origen de los recursos necesarios para esa renta. Algunos economistas responden con la receta, siempre disponible, de obtenerlos por medio del control de la evasión fiscal. Esto suena muy atractivo y lleno de justicia, pero en muy pocos lugares se lo ha logrado materializar. Otros proponen que sea una renta prácticamente virtual, consistente en un título con el que los beneficiarios pueden pagar únicamente algunos servicios básicos. Por tanto, en este último caso, no hay el desembolso real de dinero, sino la entrega gratuita de servicios, lo que quiere decir que es un subsidio a cargo del Estado.

El aterrizaje en nuestro medio ha abierto el debate en este último aspecto, ya que la propuesta de utilizar las reservas del Banco Central como respaldo para una forma de dinero electrónico significaría un paso hacia la desdolarización. En efecto, su disponibilidad en manos de un amplio segmento de la población (se habla de uno a dos millones de personas) podría acabar con la dolarización. Por tanto, se fortalecería el círculo vicioso señalado antes y afectaría no solamente a los receptores de la renta básica universal, sino a toda la población y a la economía nacional (a lo que se añade el monto que se debe destinar del presupuesto estatal).

Por otra parte, el objetivo de la presentación como proyecto de ley es no solamente colocar un tema de campaña como quien no quiere la cosa, sino sobre todo poner entre la espada y la pared a los demás partidos. Seguramente muchos picarán el anzuelo. (O)