Una ley que impida la impunidad de bienes adquiridos como consecuencia de actividades ilícitas es necesaria; especialmente, los de la delincuencia organizada enquistada en el Estado. ¿Que es imperativo frenar los escandalosos sobreprecios en la contratación pública? ¡Por supuesto! La sociedad no soporta más funcionarios enriquecidos a costa de contratos perjudiciales para el Estado.

Sin embargo, la ley de extinción de dominio que se pretende aprobar debe ser apropiada para ubicar y recuperar los ingentes fondos atracados al erario, pero sin que represente un riesgo de convertirse en instrumento del abuso judicial o de persecución política de cualquier gobierno que se valga de los organismos de control. Algo bastante visto en las últimas décadas.

El caso más reciente atañe a la señora Carolina Astudillo, quien fuera secretaria del abogado Dr. Carlos Pareja Cordero. Ella fue involucrada en un juicio penal iniciado contra el indicado abogado, “…fundamentado en un informe elaborado por la Unidad de Análisis Económico y Financiero (en lo sucesivo, UAF) del Ecuador, que contenía información ilegal y fraudulenta relativa a supuestas actividades en las cuentas y supuestos estados de cuentas bancarias que presuntamente se mantenían en los Estados Unidos, inclusive cuentas supuestamente localizadas en Miami…”, tal como lo destaca textualmente una sentencia proferida el 2019 por un juez de la ciudad de Miami.

Resulta que dicho juez condenó a un perito en sistemas de informática, de nacionalidad ecuatoriana –residente en Quito–, a pagarle a Pareja Cordero una indemnización por daños y perjuicios económicos y morales, entre ellos la destrucción de su reputación personal y profesional.

La sentencia revela que el hacker fue contratado por el Gobierno del Ecuador, para que acceda a los correos electrónicos de Pareja. El condenado “… jaqueó con éxito las Cuentas de Correo Electrónico de Pareja… (para ello) se valió de una computadora con dirección de IP en Miami, Florida”. Luego puso en conocimiento del juez ecuatoriano y de otros funcionarios del gobierno la información que “jaqueó”, entre otras cosas, la información bancaria de Pareja en los EE. UU., “… que la UAF utilizó fraudulentamente para incriminar injustamente a Pareja y a otros”. También se explica que “… inmediatamente después de recibir los mensajes de correo electrónico que (el perito) ‘jaqueó’ de las Cuentas de Correo Electrónico de Pareja, el presidente Rafael Correa difundió los mensajes privados de correo electrónico de Pareja mediante numerosos medios de comunicación, inclusive medios electrónicos, y por la televisión nacional ecuatoriana”.

El juez observó que antes del indicado procesamiento fraudulento Pareja Cordero ejercía su profesión (40 años); y como resultado del “jaqueo” ilícito, él y su familia fueron forzados a huir del Ecuador y asilarse en el Perú.

En tanto que continúa el calvario de Carolina Astudillo, pues la Fiscalía pretende que se anule en casación la sentencia que ratificó su inocencia.

Afortunadamente, no tenemos pena de muerte en Ecuador… (O)