El modelo que te ofrece el centralismo en su expresión máxima es transferir las competencias pero sin los recursos. Cuando hablamos de cambio de modelo que destruya al centralismo, hablamos de reorganizar el sistema nacional de competencias (es decir, reasignar competencias entre el gobierno central y los gobiernos locales) y por supuesto reorganizar la distribución presupuestaria (el gobierno central decide y ejecuta menos presupuesto achicándose radicalmente y los locales deciden y ejecutan más presupuesto en obras y servicios). Para este cambio, por ejemplo en el modelo español, se contempló que varias provincias puedan unirse y formar una Comunidad Autónoma y que esa nueva entidad territorial tenga una función ejecutiva (Presidente de la Comunidad Autónoma), una función judicial (cortes y juzgados) y una función legislativa (una asamblea regional) con posibilidad de expedir leyes locales solo aplicables dentro de la zona autonómica. Todo el autogobierno y sus instituciones y competencias se plasman en un Estatuto Autonómico.

Una vez constituidas estas Comunidades Autónomas pueden pedir irrevocablemente la transferencia de competencias financiadas. Pero claro, al contrario del modelo mal copiado de la Constitución del Ecuador, en España se pueden transferir –como se lo hizo– competencias de gran importancia como salud, educación, vivienda, obras públicas, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, agricultura, ganadería, recursos hídricos, minas, pesca, ferias, el desarrollo económico, cultura, museos, turismo, medio ambiente, asistencia social, vigilancia y seguridad, tránsito, con capacidad de legislación además de la planificación, control y ejecución y capacidad de endeudamiento directo, pudiendo crear incentivos tributarios.

El gobierno central, en ese modelo, se reserva competencias lógicas: nacionalidad, inmigración, extranjería, relaciones internacionales, defensa y fuerzas armadas, cierta legislación (penal, mercantil, civil, laboral, etc.), el sistema monetario, seguridad social, políticas de transporte internacional, políticas de producción, estadísticas, entre otras. La regla es que todo es transferible a las comunidades autónomas, excepto las competencias que la constitución reserve de manera exclusiva al gobierno central.

Lo increíble es que para hacer esto en Ecuador se requieren unas pocas reformas constitucionales, pues ya se contempla en la actual carta magna que las provincias puedan formar regiones autónomas, que se autogobiernan con las instituciones previstas en su Estatuto, tal cual el modelo español. ¿Por qué no se formaron regiones autonómicas entonces? Respuesta: las competencias que pueden ser transferidas a las regiones son engañosamente ridículas, no atraen a nadie, no controlan nada, no hay autonomía, por eso no hay ni una sola formada.

El cambio de modelo implica libertad para decidir y emprender el futuro y desarrollo de cada región bajo la dirección de su gente, aprovechando sus potencialidades en un país tan diverso. Las experiencias marcan que esa libertad de construir el futuro fortalece la unidad y la democracia, lo que no ocurre ni cuando “te dan decidiendo” ni cuando te “dan gastando”. (O)