Entre las medidas de prevención impuestas por los países para controlar la epidemia de COVID-19 está el cierre de fronteras. Se suspendieron los vuelos y el tránsito en los pasos fluviales, marítimos y terrestres. De manera gradual se ha ido reactivando el paso de mercancías y se restringe el traslado de ciudadanos.
Ayer, una multitud de habitantes de Ipiales y Tulcán exigió con un plantón que se abra el puente internacional Rumichaca, cerrado desde el 17 de marzo pasado, para volver a comerciar entre ambas localidades fronterizas de Colombia y Ecuador. Los gremios del comercio, transporte y turismo se sienten afectados por no poder transitar a través de ese paso binacional y les exigen a las autoridades una reapertura controlada. Reclaman que como consecuencia de mantener cerrado el puente se incrementaron de una treintena a un centenar los pasos clandestinos en los alrededores de la zona vigilada.
Esos cruces son utilizados a diario por necesidades familiares y comerciales y encierran un doble riesgo. Por una parte, es nulo el control sanitario respecto a la posibilidad de poder detectar casos de contagio de COVID-19; y, por otra, las personas arriesgan su seguridad por senderos sin vigilancia.
Del lado colombiano está previsto que se mantenga el cierre de sus fronteras hasta el 1 de noviembre próximo.
El gobernador de Carchi, Ecuador, informó que este lunes, luego de un encuentro con dirigentes del sector productivo carchense, resolvieron solicitar una reunión urgente entre los cancilleres de ambas naciones para que sean quienes tomen una decisión conjunta.
Durante el llamado de atención a las autoridades de ambos países surgieron algunas propuestas con el objetivo de precautelar la salud de los usuarios del puente, al tiempo que se reactive la actividad comercial en la zona.
Las necesidades de reactivación son urgentes y deben atenderse procurando el menor riesgo posible para los habitantes de ambos lados de la frontera. (O)
