Luego de solicitar al CPCCS que se autorice una veeduría ciudadana, cumpliendo los requisitos hemos recibido la aprobación para fiscalizar los procesos de refacturación en empresas proveedoras de servicios básicos, y operadoras celulares que en todos los tiempos, incluidos los de pandemia COVID-19, han explotado inmisericordemente a los usuarios –entes de control hacen mutis–, dejándonos en total indefensión.
Procuraremos conocer cuál fue el mecanismo que usó CNEL-EP para la presunta revisión y liquidación, ya que las compensaciones dispuestas por el Gobierno no se reflejan en miles de casos. ¿Dónde fue a parar la plata? A los usuarios lo único que se nos ha entregado es crédito y obligaciones de pago en papeles, resultando un galimatías. De Arconel pensarían que nos olvidaríamos del atraco mediante resoluciones. Me permito proponer: se contrate auditoría externa para determinar excesos y disminuciones en consumos de energía y pagos de los usuarios. Que la fiscal general, Diana Salazar, intervenga, en razón del delito contra usuarios del servicio eléctrico en el país.(O)
Édison Gelacio Mora Mora, Guayaquil