Luego de un año de los graves e incendiarios sucesos acaecidos en el país, especialmente en Quito, la Fiscalía no ha logrado encausar a los responsables y por tanto, los jueces tampoco pueden imponer sanciones.

En un programa de radio Democracia de la capital, el columnista de El Comercio Sebastián Mantilla recordó las cifras de los delitos cometidos durante los días de violencia en esa ciudad: 269 relacionados con daños a bienes ajenos, 203 delitos de paralización de servicios públicos, 112 ataques a edificios y residencias, 44 catalogados como sabotajes, 38 identificados como secuestros de policías y periodistas. Todos los responsables están en situación de impunidad.

Lo que empezó con la paralización del transporte y cierres de carreteras, por un decreto del presidente que eliminó los subsidios a los combustibles, fue seguido de violentas movilizaciones concentradas en Quito, que se extendieron a gran parte del país, paralizándolo durante once días.

Los actos de violencia en la capital configuraron una verdadera insurrección, con la intención de deponer al mandatario en cierto momento.

Proliferaron actos destructivos de bienes públicos y privados, así como saqueos, que se replicaron en otras ciudades con la participación de agitadores locales y extranjeros organizados con la comunicación de redes sociales y las tácticas aprendidas del manual de terrorismo callejero conocido como black block, provistos de equipos artesanales construidos para enfrentar a las fuerzas del orden.

El resultado ha sido hasta ahora un estado de desazón e incertidumbre, que colinda con el paroxismo de los líderes indígenas, quienes se han convencido de que los estragos que sufrió la capital y las agresiones a las fuerzas del orden, a trabajadores de empresas que no plegaron a las protestas, constituyeron gestas épicas y ahora, con su conmemoración, buscan beneficiarse de los mecanismos de la democracia para alcanzar el poder y gobernar a la mayoría, inspirados por una cosmovisión improvisada en el camino, al andar, aunque ello signifique sacrificio a la dignidad de propios y mestizos.

Son líderes pretendiendo representar a la población inocente, promoviéndose en abierto desafío del Código de la Niñez y Adolescencia y del Código Integral Penal, pues utilizan niños en videos que circulan en las redes sociales, con discursos que invitan a concentrarse en la población de Pujilí para recordar un “octubre rebelde” mientras suena una canción que cuenta sobre una “guerra que ya estalló” que lesiona su salud sicológica.

Al final, en el video se identifica a los autores: las organizaciones MICC (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi), Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), OPIJJ (Organización del Pueblo Indígena de Jatun Juigua - Organizaciones Sociales de la Provincia de Cotopaxi) e Inocencio Tucumbi (Asociación de Víctimas del Paro Nacional).

Como producto de la fiebre, los líderes de la insurrección presumen que nos engañan con el disfraz que le han puesto al ilegal inicio de su campaña electoral. Mal tapujo. (O)