Después de un año de las protestas de octubre del 2019 que sembraron caos y temor en la población del país, a raíz del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles que luego quedó insubsistente, se aprecia que las visiones en torno a ese conflicto no han variado. Se podría colegir que hace falta una mayor comprensión de la realidad, que abarque la globalidad de lo social, lo económico y lo político. Para lograr esa comprensión es necesario tener la voluntad de sopesar las causas de las posiciones que se contraponen; las causas de la situación económica y sus posibles salidas para lograr soluciones comunes.
Ahora la mirada está en las urnas, no resulta conveniente para quienes lideraron la protesta insistir en la amenaza que empezó a soltarse hace unos meses con disimulo de que ‘ya huele a octubre’.
A la vuelta de un año, no hay sanciones por las muertes que se dieron durante la conmoción social que empezó con un paro de transportistas y prosiguieron sitiando a los habitantes de Quito, destruyendo propiedades, impidiendo las actividades ciudadanas, de movilidad, productivas y comerciales en el territorio nacional, que dejaron pérdidas por más de $ 821 millones.
La capitalización política para quienes estuvieron de manera visible al frente de las protestas se traduce en candidaturas para las elecciones que se avecinan.
La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y su brazo político Pachakutik aspiran a captar representación nacional. Se decidió que Jaime Vargas encabece la lista de asambleístas nacionales y Yaku Pérez sea el candidato presidencial. Para el 6 de octubre está prevista la inscripción de esas candidaturas.
Los dirigentes indígenas, al aspirar a cargos de representación nacional, tendrán que superar su visión territorial y de defensa del indigenado para ampliar su comprensión a lo nacional, integrando las necesidades de todos los sectores que comprenden el conglomerado de país en lo social, económico y político. Será un interesante ejercicio.
