Hemos de coincidir en que la democracia real va más allá de la acepción política restringida del término que la circunscribe a la elección de las autoridades en procedimientos periódicos, transparentes y abiertamente competitivos, según lo refiere Samuel Huntington. Ciertamente, este sistema político en su fundamento amplio no se limita a lo estrictamente eleccionario, pues trasciende a lo participativo, es decir, a la posibilidad efectiva y cierta que el pueblo, o sea el mandante, intervenga en la toma de las decisiones fundamentales que inciden en su bienestar y calidad de vida. De ahí los grandes desafíos que tiene esta forma de gobierno en dar respuestas satisfactorias y oportunas a las crecientes demandas de la gente. Tanto es así que para el sociólogo Thomas H. Marshall ‘una persona no es ciudadano si no es triplemente ciudadano: ciudadano civil, ciudadano político y ciudadano social’. Valga decir, en el caso de América Latina, el nivel de insatisfacción con la democracia, según Latinobarómetro, desde 2009 a 2018 ha crecido de manera sostenida al pasar del 51 % al 71 %; es decir, se advierte el deterioro de este guarismo en 20 puntos y, por lo mismo, la falta de ciudadanía desde el integral enfoque marshalliano, conectados con la deficiente o parcial atención y en algunos casos la inobservancia de los derechos humanos, sean estos individuales; económicos, sociales y culturales; colectivos; y, los relacionados con la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías de la información que promueven derechos humanos de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta generación.

En el caso del Ecuador aún la democracia política (que es su concepto más reducido) no llena las expectativas de la gente. ¿Qué decir y esperar de la democracia participativa?... Lo que hay en el campo de las elecciones son grandes dudas e incertidumbres, cuyo ámbito de trabajo institucional debe ser eminentemente técnico. Tanto así que el Consejo Nacional Electoral (CNE), a junio de 2020, como cabeza visible del próximo evento electoral, apenas muestra una credibilidad del 13 %, según la encuestadora Cedatos. Y para colocar un ingrediente adicional en la falta de confianza en el organismo encargado de contar los votos en el país, ahora la Contraloría General del Estado señala en un nuevo informe ‘…inconsistencias e irregularidades en los sistemas y procesos informáticos del CNE’.

A esto se suman polémicos cambios introducidos al Código de la Democracia, como el caso del voto en plancha y la adopción del método de Webster para la asignación de escaños legislativos, limitando con ello, por una parte, el derecho del ciudadano a elegir a sus candidatos entre listas y, por otra, comprometer quizá el nivel de gobernabilidad del próximo mandatario dada la dispersión política que mostraría la nueva Asamblea Nacional con aquello de la representación de los grupos minoritarios.

Vivimos una democracia política macondiana que muestra a un presidente de la república con un 9 % de aprobación y un 8 % de credibilidad que aún utiliza, sin sonrojarse siquiera, para la comunicación oficial el logo con la frase ‘El gobierno de todos’… (O)