Llueven los pedidos de juicio político en contra del ministro Richard Martínez, quien se ha convertido en el foco de los múltiples desacuerdos que fragmentan al país y lo dejan en un vacío mayor frente a la crisis económica. Todos los motivos imaginados, retóricos y demagógicos, de la derecha y la izquierda, se unen en los cuatro pedidos de enjuiciamiento para llevar al ministro al cadalso.

A Martínez se lo quiere destituir porque no entrega recursos a las universidades públicas, porque no paga los incentivos a los jubilados, porque ha priorizado el pago de la deuda externa por sobre la atención de la pandemia, porque no ha entregado recursos a las provincias amazónicas, por haber firmado un acuerdo con el FMI. Cualquier razón, por más descabellada que suena, se puede esgrimir cuando se trata de ejercer un pequeño poder en contra de un gobierno débil. Detrás de los juicios están los más variados grupos parlamentarios: correístas, la Bancada de Acción Democrática Independiente, asambleístas del propio bloque de Gobierno –Alianza PAIS–, algún asambleísta suelto de CREO y los socialcristianos. Una fauna variopinta de actores ensimismada en un juego perverso para sacar provecho de la debilidad gubernamental.

La trayectoria de Martínez en el ministerio, más allá de su buen talante personal y su paciencia, muestra el errático movimiento del propio Gobierno en el campo económico. Martínez llegó al ministerio en mayo del 2018. En febrero del 2019 firmó un acuerdo con el FMI, pero en agosto ya se incumplieron las metas acordadas, a pesar de lo cual el Fondo fue flexible y realizó el pago de dos cuotas. En octubre se intentó un paquete de reformas violentamente rechazado en las calles. El Gobierno quedó paralizado varios meses hasta que la crisis del COVID-19 y la caída de los precios del petróleo le llevaron a tomar nuevas iniciativas de reforma aprobadas solo parcialmente por la Asamblea.

Hoy los juicios intentan liquidar esa vía de reforma. La debilidad del Gobierno ha ido agotando los espacios de acción. Si Martínez fue en su momento la expresión de un eventual acuerdo de larga duración del Gobierno con los empresarios para redefinir el modelo correísta, hoy apenas representa la posibilidad de evitar un mayor colapso.

El FMI aparece como el único aliado fuerte que le queda al Gobierno. Aunque esa alianza tiene costos, le asegura al menos acceso a financiamiento externo y un acompañamiento en el proceso de renegociación de la deuda. El Gobierno ha querido reforzar su política económica con la designación de un consejo asesor que apuntale la presencia de Martínez. Se adelanta, a la vez, a una eventual destitución porque deja claro que la política económica se define más allá del ministro.

La cabeza de Martínez representa penosamente el punto de confluencia de todos los desacuerdos de la desacreditada élite parlamentaria ecuatoriana. Un punto de convergencia para exhibir un trofeo político mientras se ahogan las tímidas salidas que el ministro ha colocado sobre el tablero. Punto de confluencia de los desacuerdos y a la vez expresión de la profunda debilidad del morenismo. (O)