Moreno y sus empleados definitivamente saben cómo poner al país “en marchas”. Ya lo hicieron en octubre del año anterior: 13 días de paralización, 8 manifestantes muertos, 1507 ecuatorianos heridos, 1192 detenidos (no me cansaré de recordárselo). Y lo están haciendo de nuevo: despiden a miles de empleados públicos, arman un paquete de nuevos impuestos, anuncian que reducirán en casi cien millones de dólares el presupuesto de las universidades públicas en lo que resta de este ejercicio fiscal, y a día seguido y en medio de la pandemia COVID-19, se organizan plantones de protesta en Quito y Cuenca.

Tan solo el hecho de desfinanciar la educación superior ya es motivo de indignación –aunque no sorprende de un Gobierno arrastradamente neoliberal– sumado al inaceptable desprecio a la salud pública, a la que menguaron a las puertas mismas de la pandemia. Pero hacerlo en medio de un contexto de malos manejos financieros en lo macro (como el pago de deuda externa con la excusa de que ese dinero, tan necesario para el país, lubricaría el acceso a otros créditos invisibles hasta hoy), una galopante corrupción en compras públicas por la actual emergencia (como los casos mascarillas y fundas de cadáveres), el refinanciamiento de los presupuestos de organismos de represión (policías y militares), enardece, entristece y moviliza.

Moreno nos debe, a los ecuatorianos, una completa explicación de lo que ocurre en su administración con los recientes temas de corrupción desalmada. No solo por el hecho mismo del intento de apropiarse dinero público, sino porque además ocurre –se deja que ocurra– en medio de una crisis que ha golpeado como ninguna otra a los ciudadanos de todas las condiciones de este país y, sobre todo, porque especialmente la corrupción en el área de la salud ya le fue advertida, y no solo una vez.

De lo que se conoce hasta ahora, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha intentado robar –o se ha robado– en medio del dolor de quienes, por el virus y las imprevisiones del Gobierno, pusieron miles de muertos: primero fue el intento de comprar mascarillas N95 a un precio unitario de 12 dólares cuando en el mercado las hay hasta por cuatro dólares.

Hoy se trata de la compra de bolsas para cadáveres por las que se pagaron unitariamente 154 dólares, cuando en el marcado las hay por 12 dólares. Es decir: la ira por la compra es directamente proporcional al dolor ocasionado por la pérdida de un ser amado. El Gobierno de Todos.

Así las cosas, la pregunta sigue latiendo una semana más: ¿y con qué cara pretenden tomar el dinero de obreros y empleados públicos y privados para su “fideicomiso solidario”?

Meterle la mano al presupuesto de la educación pública no solo que muestra un perfil más de este Gobierno, sino que siembra de incertidumbres precisamente el futuro de los más golpeados por la peor desgracia que ha soportado este pueblo a lo largo de su vida republicana.

Moreno –si realmente es él el que toma decisiones– y sus aliados serán recordados como los sepultureros (literal) de un pueblo y sus instituciones públicas. Para muestra dos botones: Salud y Educación, donde fueron del sobreprecio al recorte. (O)