Nuestro invitado

La pandemia de coronavirus ha derivado en una grave emergencia sanitaria que ha introducido una pausa a nivel mundial sin precedentes en la historia reciente, obligando a las personas a confinarse en sus hogares para ralentizar la propagación de la COVID-19 y con ello evitar el colapso de los sistemas de salud y, consecuentemente, el incremento exponencial de enfermos y víctimas mortales. Esa es la principal prioridad en este momento, controlar a la peste. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido, sin titubeos, que no es momento de equivocarse, pues aún ‘hay un largo camino por recorrer’ en el propósito de derrotar a este enemigo invisible.

En estas condiciones excepcionales, en buena medida, las empresas, industrias, negocios, etc., han debido paralizar sus actividades productivas y con ello se proyecta un impacto dramático en sus respectivos países. Así, por citar, en América Latina, según la Cepal, como resultado del freno general de las economías (de sus principales socios comerciales); desplome del precio de las materias primas (verbigracia, lo sucedido con el petróleo); severa afectación de los servicios como el turismo, etc., el producto interno bruto tendrá en el año 2020 una contracción del 5,3 %. Para algunos estados de la región este efecto devastador será aún mayor. Venezuela con una variación negativa de su PIB en el orden del 18 %. Para Ecuador, México y Argentina se estima una disminución de este guarismo en el 6,5 % a lo que se une el gigante Brasil con un decremento del 5,2 % de su economía…

En esa línea, lo que se prevé para América Latina es que crezca en 11,6 millones el número de desempleados, así como la pobreza y pobreza extrema atrapen con sus terribles tenazas alrededor de 28 y 16 millones de latinoamericanos, respectivamente.

Lo que se observa en el horizonte, en definitiva, es la presencia de una recesión económica que se verificará, como se advierte, en una disminución drástica del PIB y con ello la caída de la oferta, el consumo, la inversión, empleo y nivel de los salarios. En suma, habrá un marcado deterioro del bienestar y calidad de vida de la población.

Ese es el escenario poco alentador en el campo económico. De ahí que haya que analizar con prudencia y manejar con cuidado, con manos de cirujano, la expresión del Gobierno ecuatoriano en el sentido de que, en medio de esta pandemia, la realidad ha superado a la legalidad. Es cierto que la sociedad, desde una visión dialéctica, está en permanente cambio, movimiento y transformación, y las leyes, consecuentemente, deben adecuarse a ese nuevo entorno y exigencias, pero siguiendo para su reforma lo determinado en el marco normativo. No hacerlo sería transgredir groseramente el art. 1 de la Carta Magna que define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos.

Por lo mismo, por más urgencias que deje la COVID-19 y sus implicaciones en todo orden, hay que discutir, por ejemplo, los proyectos de ley de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria y de ordenamiento de las finanzas públicas, dentro del marco jurídico y sin caer en vulneraciones de derechos. No podemos retroceder a un Estado de naturaleza, de corte hobbesiano, donde prime el conflicto, la violencia, miedo y dolor. (O)