En el bicentenario de su independencia, Guayaquil podría liderar la lucha por la protección de los derechos de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros.

La crisis de la seguridad social no solo atenta contra el bienestar de los ecuatorianos sino, además, conlleva una bomba fiscal. El déficit actuarial para 2058 fluctúa entre $4551 millones y $70 000 millones. El manejo demagógico del IESS a lo largo de los distintos gobiernos ha derivado en que se realizan muchas promesas, cada una de ellas profundizando esa deuda pública implícita.

¿Por qué Guayaquil? Hace aproximadamente 20 años la ciudad tomó el liderazgo demostrando que fines públicos podrían conseguirse con medios privados. Hoy tenemos una de las administraciones públicas más eficientes del país precisamente porque muchos de los servicios públicos que hoy son competencia de la ciudad han sido concesionados, derivando en una mejor calidad de los servicios públicos.

La alcaldesa podría tomar la iniciativa y demandar la competencia de la seguridad social, como se lo permite el artículo 104 de la Constitución. Aunque el régimen de competencias dice que el gobierno central tiene competencia exclusiva sobre la política de seguridad social, nada impide que este gobierno u otro que venga después adopte la política de descentralizar la gestión de la seguridad social.

Que el artículo 367 diga que no se podrá privatizar la seguridad social no es impedimento. Los recursos del sistema ya son privados. Este debate lo tuvimos en épocas del correísmo y quedó claro que los recursos del sistema de seguridad social son de los afiliados, es decir, privados. Y esto es así aunque los administre el Estado o varias administradoras de fondos (AFP). Lo que estaríamos proponiendo es que se rompa el monopolio estatal y que se permita que la gestión de los ahorros de quienes trabajan en Guayaquil se traslade al Municipio.

Los ahorros generados serían invertidos según criterios técnicos de una combinación óptima de seguridad y rentabilidad. Los políticos perderán la capacidad de hacer demagogia a costa de los ahorros de los trabajadores.

De ganar la propuesta de la alcaldesa, el gobierno central procedería a trasladar la porción de los activos y pasivos del IESS al Municipio de Guayaquil. El Municipio de Guayaquil procederá a desarrollar organismos de regulación y supervisión y procesos de concesiones de hospitales, en lo cual ya tiene experiencia habiendo concesionado de manera exitosa la gestión del agua, el aeropuerto y la recolección de basura, entre otros servicios públicos. Asimismo, podría establecer un organismo de supervisión para las administradoras de fondos dispuestas a competir por los ahorros de los trabajadores del cantón.

El sistema estatal de reparto heredado por el Municipio tendría que seguir existiendo para aquellos que deseen permanecer en ese sistema y para resolver el déficit actuarial, existiendo el 40 % de aporte del gobierno central mientras continúe existiendo una recaudación tributaria. El aporte al sistema estatal continuaría en la misma tasa de 20,06 % y sería el mismo para el sistema nuevo.

Los trabajadores jóvenes del cantón Guayaquil podrían optar por el nuevo sistema de capitalización, todo lo cual podría dinamizar de manera importante la Bolsa de Valores de Guayaquil y servir para financiar importantes obras de infraestructura para beneficio del cantón. (O)