A 17 años de la muerte de una estudiante que padeció abuso sexual por parte del vicerrector de su colegio, el Estado ecuatoriano reconoció, el pasado martes, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, su responsabilidad en el caso. La directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Ecuador ofreció disculpas a la madre de la menor por las “acciones y omisiones del Estado” que permitieron los abusos a la menor y su posterior muerte.

Paola Guzmán Albarracín se suicidó a los 16 años de edad, el 12 de diciembre de 2002; sus familiares denunciaron los hechos en el 2003, pero hubo deficiencias en el proceso judicial, el acusado huyó y el caso prescribió en el 2008.

El caso de Paola fue presentado en 2006 ante la CIDH, que en 2018 determinó que “existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida”, y que una serie de acciones y omisiones del plantel contribuyeron a ello, por lo que responsabiliza al Estado ecuatoriano. La sentencia se dictará en el lapso de un año.

Está bien reconocer la culpa y disculparse, pero eso no basta; el Estado debe erradicar la violencia sexual en el contexto educativo. (O)