Desde el vehículo cargado de medicamentos para la venta ilícita de inventario público, pasando por la venta de cargos y llegando a adjudicaciones y autoadjudicaciones de contratos millonarios a dedo, la compleja trama de corrupción que las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están destapando pone en evidencia un secreto a voces en el país. El principal problema de salud pública del Ecuador no es la falta de presupuesto, de personal calificado o de medicamentos, sino la profunda inmoralidad que se filtra en todos los rincones de nuestro diario quehacer. Por eso, tenemos que reconsiderar los compromisos que ha realizado el Ecuador en materia de salud.

Hace pocos años, la Organización de las Naciones Unidas designó el 12 de diciembre como el Día de Cobertura Universal de Salud, fecha en la que se busca recordar a los líderes de cada país su promesa de lograr el acceso a la salud para todos hasta el año 2030, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año, los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud suscribieron el Pacto 30-30-30, que buscar “eliminar las barreras de acceso” a la salud en al menos 30 %, asignar al menos 6 % del producto interno bruto al gasto público en salud e invertir al menos 30 % de estos recursos en atención de primer nivel.

Pero no hay documento que suscriba el Ecuador que pueda ayudar a cumplir siquiera las exigencias más básicas de la declaración de Alma Ata en 1978, como promover y garantizar la atención primaria de salud para todos hasta el año 2000. Con la actual contracción económica, y consiguiente reducción de la inversión pública y del tamaño del Estado, parece que en Ecuador más bien nos estamos precipitando en la dirección contraria. Peor aún si tomamos en cuenta que la pandemia de la corrupción, como la describió Talha Burki en la revista The Lancet Infectious Diseases, constituye un grave riesgo para la cobertura universal, según un estudio de la organización Transparencia Internacional.

Como explica Patricia García, exministra de Salud de Perú, aun en los programas de salud aparentemente exitosos, la corrupción siempre es un problema. Solo el costo que implica cada acto deshonesto, pequeño y grande, afecta la sostenibilidad y efectividad de cualquier intervención. La tragedia es que, en el campo de la salud, donde para variar los más vulnerables y pobres son los más afectados, esto puede implicar una sentencia de muerte.

Solo al conseguir una simple cita gracias a los buenos oficios de un “contacto”, se puede estar mandando a su tumba a esa persona a quien le han detectado tardíamente una enfermedad y necesita horas o días para trasladarse a un hospital de una ciudad mayor –si tiene la suerte de que le dieron permiso en el trabajo o tiene el dinero para viajar–. No digamos la complicidad tácita o explícita de alevosos abusos de poder por miedo o ambición. En ese quirófano, con esos insumos y con ese personal, adecuado y seleccionados, respectivamente, por funcionarios públicos, puede llegar a estar cualquiera de nosotros. No nos gustaría que ninguno se haya filtrado por la puerta de atrás. (O)