Un sacerdote ha pronunciado un sermón en el que, a criterio del apreciado periodista que difundió originalmente esta información, atacaba a los medios de comunicación acusándolos de actuar como inmisericordes inquisidores en un tono que el testigo encontró inapropiado. Factor que aumenta el volumen de la noticia es que el clérigo no era un diácono cualquiera, sino nada menos que el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, padre Fernando Ponce S. J. Después, en otros medios, se recordaría la cercanía del religioso académico con el último dictador ecuatoriano y se traería a colación el hecho de que la sede de la ilustre institución sirvió de campo de acogida a grupos de los manifestantes indígenas que en esos días se dedicaban a cometer toda clase de desafueros en Quito. Tras la publicación de esta situación en seguida se levantaron voces para defender al jesuita, acusando a los periodistas de creerse intocables y no tolerar críticas.

Surgen varias preguntas. ¿Puede un ministro de la religión católica hablar de política en un sermón? Un componente importante de toda religión, incluso hasta cierto punto el más importante, es una ética, puesto que es el factor que controla la vida ordinaria y extraordinaria de los creyentes. Como tal abarca todos los aspectos de la realidad humana. La política está comprendida en este marco de manera conspicua. Los sacerdotes al predicar y al dirigirse a los fieles deben, deben, referirse a este aspecto primordial de la existencia y dar orientaciones, fundadas y claras, a sus feligreses de cómo proceder políticamente. Cada uno sabrá en su conciencia si tales recomendaciones son concordantes con su fe, eso es otra cosa.

¿Qué límites tendría la prédica de un ministro de cualquier religión? Los mismos que tienen la libertad de expresión de cualquier ciudadano y las mismas garantías. ¿Es “inatacable” la opinión de un sacerdote? No. Como no lo es la de los periodistas, como tampoco lo es la de los académicos, como no lo es la de las autoridades, en tanto en cuanto sea opinión. El que los periodistas tengan un fuero especial es una idea inaceptable, como también es inaceptable que haya una ley dictada exprofeso a censurarlos e imponerles normas abusivas, hablo de la LOCA (Ley Orgánica de Comunicación Amordazada), impuesta por la dictadura correísta y que el actual gobierno hizo limar un poco los dientes en lugar de tirarla, como debió, íntegramente a la basura. Todo aquel que usa de la libertad de expresión, es decir expresa públicamente su opinión, ha de saber que está expuesto a ser cuestionado, debatido y refutado. Y no tiene derecho a atacar la honra y la privacidad de terceros, asumiendo la íntegra responsabilidad de sus afirmaciones. Todo esto vale también para quienes actúan en las redes. Estas son un medio de máxima democratización de la libertad de expresión. En tal sentido son un enorme progreso, pero su manejo todavía tiene incógnitas y los dirigentes de las sociedades se ponen nerviosos ante el libre acceso de cualquier hijo de vecina a vastas audiencias. (O)