En Bolivia, evistas y opositores sumidos en disturbios que no cesan, podrían llegar en las próximas horas a un acuerdo sobre la convocatoria a elecciones. Es una negociación complicada, pero no la más difícil en estos momentos. Las mayores discrepancias giran en torno a golpe, una palabra en sí misma contundente y que en el marco de lo sucedido adquiere sustancial importancia. Es probable que con relativa celeridad se definan las condiciones en que deberá desarrollar el proceso electoral, ya que el arreglo institucional es conveniente para todos. Pero no sucede lo mismo con la interpretación de lo que ocurrió, esto es, si el abandono del gobierno por parte de Evo Morales se debió a la renuncia o fue un golpe de Estado. La polémica sobre ese punto es enconada porque de ella depende el relato que trascienda y se imponga como válido en el futuro. Un líder popular echado del poder a la fuerza por los enemigos del pueblo dibujaría una figura épica y heroica. En cambio, la de un caudillo que fue obligado a renunciar cuando quiso eternizarse en el cargo lo colocaría en la surtida galería de los sátrapas latinoamericanos.

La manera en que se lo interprete tiene importancia no solamente para Bolivia y para este caso específico. El debate es necesario también para dos fines adicionales. En primer lugar, para comprender otros hechos sucedidos en el continente. En segundo lugar, para avanzar en el duro empeño de despejar las dudas que existen en el campo teórico sobre los golpes de Estado.

En cuanto lo primero, Ecuador es un buen referente para el debate. Los derrocamientos de tres presidentes no fueron calificados como golpes de Estado, a pesar de que todos fueron hechos al margen de las disposiciones constitucionales. Las intervenciones del Congreso –post factum y estirando las leyes y la institucionalidad– fueron acciones de maquillaje para tapar las irregularidades y posibilitar una falsa continuidad constitucional. Pero, al identificar las diferencias entre los tres se encuentran elementos importantes para dilucidar el problema teórico que se debate actualmente en Bolivia. En uno de ellos (contra Bucaram), los militares hicieron la vista gorda, mientras en otro (contra Mahuad) intervinieron directamente con sus armas. El tercero fue muy diferente, porque constituyó el punto final del rechazo a un gobierno (de Gutiérrez) que previamente había violado la Constitución al intervenir en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Electoral.

En términos estrictos, no hay duda en calificar a los dos primeros como golpes de Estado, pero no es posible aplicar la misma denominación para el tercero, porque fue el derrocamiento de un gobierno que previamente dio un golpe. En este caso cabe la calificación de contragolpe, entendido como una acción –ciertamente irregular, no institucional– encaminada a expulsar a un gobierno que se ha situado al margen de la ley. Esto último es lo que sucedió con el derrocamiento de Evo Morales, un presidente que irrespetó la voluntad popular expresada en un referendo y propició el fraude electoral. (O)