Establecido como de urgencia en materia económica, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Financiera, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas. Una ley económica urgente busca reaccionar ante algo excepcional (economía catastrófica, desastres naturales, situaciones bélicas, por ejemplo), pero este proyecto afecta a bancos, economía popular y solidaria, petróleo, minas, comercio… ¡y universidades!
Hay algo muy raro en estos 404 artículos porque intentan reformar múltiples leyes y códigos cuando una ley orgánica abarca solo una materia exclusiva. Sin razonabilidad alguna, hasta la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se vería modificada por este combo de reformas. El artículo 384 del proyecto agrega el artículo 95.1 a la LOES, que le daba al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) la potestad de establecer los estándares para que las instituciones de educación superior oferten carreras y programas en modalidad virtual o en línea. Pero, en este proyecto, ¡estos programas se podrían hacer sin autorización previa!
El proyecto señala que el Caces únicamente controlará estos nuevos programas ¡hasta dos años después, y que esta facultad caducará si por alguna razón (?) no se realiza esa auditoría!; así, esa institución de educación superior seguirá ofreciendo sin más esos programas. ¿A quiénes quiere favorecer esta supuesta flexibilidad? De otra parte, el artículo 385 del proyecto reforma el 133 de la LOES, que indica que, para poder ofertar programas conjuntos, cualquier universidad ecuatoriana o extranjera debía tener un proyecto aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES); ahora, simplemente bastaría ponerlo en conocimiento del CES.
Finalmente, el artículo 386 modifica la letra f del artículo 169 de la LOES, que afecta atribuciones del CES, pues, de pasar esta ley, el CES ya no autorizará lo relacionado con la modalidad en línea, pues, nuevamente, únicamente se someterá a un control posterior: ¿por qué se quiere pulverizar el velar por el derecho a la educación de calidad? Es muy preocupante el descontrol en el ámbito universitario que propone este proyecto, auspiciado por Agustín Albán, actual titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), según sus declaraciones concedidas al diario El Comercio el 11 de noviembre.
Lo que Albán revela en esa entrevista coincide con este extraño afán de facilitar que instituciones universitarias extranjeras se instalen sin control en el país, lo que supone un ataque a las universidades ya establecidas que sí deben pasar por una serie de controles. ¿Quién se está beneficiando de esta concepción de la educación que privilegia el punto de vista del mercado? Las universidades ecuatorianas –que investigan, que están vinculadas a la comunidad, que debaten y proponen avances en el conocimiento, que tienen, en definitiva, una presencia real en la sociedad– están sometidas a tortuosos, y muchas veces absurdos, procedimientos administrativos para aprobar sus carreras y programas. Es un sinsentido que este proyecto reforme así la LOES. (O)
