Nadie debería pasar por la tragedia de que un niño o adolescente de su familia haya sido víctima de abuso sexual o utilizado para producir pornografía infantil. Si ya esto se lee muy crudo y descarnado, mucho peor es la catástrofe personal que experimenta la víctima. Solo el hecho de imaginarlo produce temor e indignación. Pero la amenaza está latente.
En el juicio seguido a Juan A. V. V., conocido como el Mangajo, por violación a una menor en Cuenca, en el que se lo sentenció a 29 años y 4 meses de reclusión, se conoció que el sujeto de 34 años –a quien se lo investiga por otros siete casos– y su grupo de amigos cercanos compartían material de pornografía infantil. El aprehendido contactaba a menores de entre 14 y 16 años a través de las redes sociales con perfiles falsos de hombres y mujeres. En las próximas semanas se realizará la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de comercialización de pornografía infantil.
Proteger a los menores de edad de los depredadores sexuales, que operan en círculos cercanos, en las redes sociales o integrando redes de pornografía y trata de personas, debería generar en la sociedad una reacción de igual o mayor intensidad a la que motiva la defensa de la vida desde la concepción, con el objetivo de procurar que se afinen los procesos de prevención y de oportuna y ágil aplicación de justicia. (O)
