A la hora de escribir este artículo, en la mañana del jueves 10, los actores centrales del drama en curso hacen esfuerzos para que se configure el escenario más favorable para sus respectivos intereses. Los actores son tres. Uno está conformado por el Gobierno, los sectores que apoyan las medidas recientes y una parte de la opinión pública que considera necesaria la reorientación hacia un modelo económico no rentista. En el segundo están las organizaciones sociales, con los indígenas a la cabeza, que expresan profundas necesidades y demandan políticas de largo alcance que superan en mucho a la coyuntura abierta por las medidas económicas. En el tercero predomina el correísmo, opuesto a las medidas no por convicciones, sino porque es el elemento táctico que le permite alcanzar su objetivo estratégico de derrocar a Lenín Moreno y retornar al gobierno.

Los escenarios (dentro del orden constitucional, exceptuando el golpe de Estado) también son tres y se dependería de la fuerza de cada uno de los actores. El primero se originaría por la anulación de las medidas económicas. Las organizaciones sociales se sentirían triunfadoras y se desactivarían inmediatamente las protestas. Es el más fácil, pero quedarían intocados los problemas, se agravaría la situación económica y se mantendría encendida la mecha para una nueva conmoción social.

El segundo se produciría por la permanencia de las medidas y la desactivación de las protestas. Para ello sería necesaria una cuidadosa negociación del Gobierno con las organizaciones sociales y la promulgación inmediata de medidas compensatorias. Hasta ahí se presenta como el más probable. Pero, para ser efectivo, requeriría de acuerdos y compromisos de actores sociales y políticos sobre los pasos a dar en lo que resta del período presidencial. Por tanto, sería efectivo en lo inmediato, pero difícil de mantener en el mediano plazo.

El tercero se configuraría por la salida del presidente. Las únicas vías constitucionales son la renuncia o la muerte cruzada. La renuncia es altamente improbable y no resolvería nada, porque el vicepresidente mantendría las medidas económicas, que son el núcleo del problema. Para la otra se requieren dos tercios de los asambleístas o la disolución de la Asamblea por el presidente. Los votos para la destitución son imposibles de conseguir. La disolución por el presidente tiene sus vericuetos. Al disolver la Asamblea, él asume poderes legislativos hasta la posesión del sucesor. El plazo para esto no está determinado, pero al menos serán cinco meses para realizar elecciones y escrutinios. Así podría completar sin obstáculos todo el programa de ajuste acordado con el FMI. El tiro por la culata para sus impulsores.

Dentro del último escenario se ha especulado con la posibilidad de la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa. Pero no está habilitado porque la única función constitucional del vicepresidente es reemplazar al presidente y Correa, también por disposición constitucional, no puede ocupar ese cargo. Su elección en la misma papeleta del presidente violaría la prohibición de reelección.

Claro que siempre queda el golpe de Estado. Está disponible el disfraz constitucional usado en muchas ocasiones. (O)