El legítimo derecho a protestar es aprovechado por dirigentes a quienes les conviene generar caos, por vándalos en los que ha calado el discurso de revancha social y por antisociales que solo buscan delinquir.
El paro de los transportistas, además de obstruir las principales vías, sirvió para que se registraran robos e intentos de saqueo. Hubo desmanes y ataques a locales y cajeros. En el sector sur de la vía Perimetral, en Guayaquil, incluso se apedreaba a vehículos que pasaban por el sector. El servicio de la Metrovía tuvo que ser suspendido por falta de garantías.
Ante la cantidad de desmanes, el Gobierno Nacional decretó el estado de excepción en el territorio nacional por 60 días, con opción a ser extendido. Policías y militares despejarán las vías cerradas y garantizarán la movilidad ciudadana y las actividades productivas.
Mención aparte merece el ataque a periodistas de varios medios de comunicación en Quito y Guayaquil, que cubrían las protestas. Fueron agredidos por manifestantes y por agentes de la Policía. La ministra María Paula Romo se disculpó por ello y dijo que pedirá mayor información de lo ocurrido. No creemos que se trate de una consigna del Gobierno impedir el trabajo periodístico, pero exigimos las debidas garantías para cumplir con la ciudadanía, que tiene derecho a estar informada. (O)
