La masiva exposición de los datos personales de los ecuatorianos que se conoció a mediados de este mes debe llevar al ciudadano promedio a indagar qué riesgos y potenciales usos conlleva.

Desde hace tiempo se cometen estafas con datos de usuarios obtenidos a través de correos electrónicos y redes sociales. También se dan vulneraciones a sitios web infectados con software malicioso, que en Ecuador se han reportado en un número de más de 270.000 casos desde el año 2016. Incluso los gobiernos son víctimas de hackeos y los electores son sujetos de manipulación subliminal. Pero aún no está claro: ¿por qué ocurrió la filtración de datos de 20 millones de ecuatorianos? ¿Por qué una empresa privada tenía los datos de los ecuatorianos que constan en instituciones públicas como el Registro Civil, el SRI, la Secretaría de Educación Superior, la ANT, el Biess y otras entidades privadas? ¿Cómo va a ser sancionada la apropiación y la exposición?

El Gobierno ha remitido un Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Se deberá legislar con suficiente asesoramiento de expertos que tomen en cuenta las posibilidades que se abren con nuevas tecnologías como 5G o el internet de las cosas. (O)