La presencia grotesca y bullanguera del cura Tuárez con su fuerza de choque, es solamente la parte folclórica de los problemas que están en el fondo. El principal de estos es de sobra conocido porque ha sido ya suficientemente repetido, y es la propia existencia del CPCCS. Aunque su reconocimiento como un engendro fue tardío por parte de la mayoría de personas, ya no quedan dudas sobre la necesidad de tomar medidas al respecto. Sin embargo, el debate trata hasta ahora casi exclusivamente sobre las vías que deberían utilizarse para su eliminación. Mientras tanto, se deja en segundo plano la definición de la institución –nueva o ya existente– que deba hacerse cargo de sus funciones, especialmente la de selección de un amplio conjunto de autoridades y cargos públicos. La consulta popular o el tratamiento dentro de la Asamblea copan la atención, pero antes de poner en marcha cualquiera de ellas será necesario establecer con precisión el organismo de reemplazo y los procedimientos a los que deberá someterse.

Un segundo problema que está opacado por la figura obscena del cura es el de la inestabilidad e inseguridad que provoca con su actuación. Aunque el individuo no demuestra tener muchas luces, se perfila como alguien suficientemente sagaz como para trazar una estrategia de provocación permanente. Tuvo la habilidad de convertir su exabrupto inicial del tú-a-tú con el presidente de la República en un instrumento que le podía dar muchos réditos. Y lo está logrando. Para ello, viene desarrollando un conjunto de acciones que no se limitan a defender un puesto conseguido con malas mañas, sino que están dirigidas a profundizar el caos institucional. De esa manera, alienta la creación de condiciones para la desestabilización. Esas son las pistas que llevan a pensar en que no actúa solo.

A esto se añade la hábil consulta a juristas respetables que, por un ingenuo purismo legalista, no fueron capaces de considerar el trasfondo político y le dieron armas para continuar en ese proceso de demolición. Las amenazas que se ciernen sobre el Estado de derecho no son principalmente jurídicas, son políticas por encima de todo. Los académicos y los profesionales del derecho no pueden soslayar esa realidad. Aparte de que en el propio campo legal prácticamente hay certezas sobre las limitaciones que tiene el actual Consejo para revisar lo realizado por el de transición, es un absurdo pensar que un organismo que tiene bajísima legitimidad de origen pueda arrogarse las atribuciones de uno que surgió de un mandato popular extraordinario.

Bajo la presidencia de Tuárez, el CPCCS se presenta como la célula cancerosa que fue desde que lo creó la ONG de Montecristi. Es una fuente permanente de alimento para la inseguridad jurídica del país. Su existencia como cuña entre los poderes del Estado es un factor constante de una inestabilidad que solo puede ser contrarrestada cuando todos están bajo el control de un solo individuo. Por ello, no importa si se llega a la destitución de Tuárez, porque él es solamente una astilla de la cuña desestabilizadora. (O)