Desde que abandonó la escena el dueño del país, la política se convirtió en un espacio de desencuentros. Sin partidos, sin grandes corrientes de opinión agrupadas en organizaciones de alcance nacional, los innumerables problemas represados son las piezas mezcladas de varios rompecabezas que no calzan. El ideal de contar con una agenda compuesta de cuatro o cinco temas centrales está reemplazado por decenas de asuntos desperdigados, sin sujetos que puedan definir un orden de prioridades y asumir responsabilidades. En ese desorden, temas trascendentales desaparecen entre una polvareda de noticias de coyuntura que no alcanzan más profundidad que la que corresponde a los comentarios de las redes sociales.

El tratamiento de dos cuestiones fundamentales ejemplifica esta situación. La primera tiene relación con la comisión anticorrupción. A pesar de que fue anunciada prácticamente desde el primer día del Gobierno, solamente se la hizo visible cuando se cumplía la mitad del mandato presidencial. Pero visibilidad no equivale a definición en su condición, sus atribuciones e incluso su ubicación en el abigarrado mapa institucional ecuatoriano. No está claro si será un ente asesor o si tendrá, como en el caso guatemalteco, directa incidencia operativa. Tampoco está definida su situación como parte de la cooperación internacional (como debería ser, para mantener la independencia y la autonomía) o como parte del Gobierno (que contravendría la separación de poderes). Su creación por parte del Gobierno es un acierto, pero su permanencia en el Ejecutivo la condenaría a muerte. Menos clara es la relación que necesariamente deberá tener con la Asamblea, que algo tendrá que decir cuando recuerde que tiene una función de fiscalización. Finalmente, la comisión estará ausente del acuerdo nacional convocado por el Gobierno, sencillamente porque entre los temas definidos no consta el combate a la corrupción.

La segunda cuestión confusa es la que gira en torno a la necesaria e impostergable reforma electoral. La semana pasada, cuando algunas organizaciones de la denominada sociedad civil comenzaban a debatir tres propuestas (una de esas del consejero del CNE Luis Verdesoto), cayó como bomba la noticia de que en la Asamblea ya hay una que está en segundo debate. Más allá de la frustración de esas organizaciones, que tienen larga experiencia en estos desengaños, el problema de bulto se presentará cuando en el acuerdo nacional se aborde este tema y surja una propuesta adicional. La Asamblea podrá reivindicar el trabajo previo y el grado de avance de su proyecto, pero no faltará alguien que les recuerde que ese lleva la marca de la legislación de bolsillo y del traje a la medida. Tampoco se puede desechar que se quiera tomar partes de cada proyecto para tranquilizar a todos, con lo que se tendría un producto más indigesto que el actual Código de la Democracia.

Como estos, son muchos los desencuentros que se producen a causa del desorden institucional heredado del manejo personalista y concentrado de todos los poderes del Estado. Hasta que se recuperen las capacidades institucionales, la solución podría estar en el campo del acuerdo nacional. Si es que hay voluntad. (O)