La profundidad de la crisis y el estado de emergencia que enfrenta el sistema de seguridad social del país no es reciente. Data de hace mucho tiempo. En esta misma columna se hizo referencia a un trabajo de hace más de 20 años, que alertaba ya sobre la presencia de problemas similares a los que ahora enfrenta el IESS/Biess. Se sugería entonces la necesidad de promover una Ley de Seguridad Social sostenible, eficiente, solidaria –en el mejor sentido– y debidamente financiada en términos del largo plazo. Una ley que garantice –es un objetivo– prestaciones oportunas y de calidad. Hay muchos ejemplos en el mundo.

La seguridad social, como lo señala la OIT, refiere la “protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”. Nadie duda de que debe ser parte de las políticas gubernamentales y privadas que han de asistir a los trabajadores de toda condición.

Tiene –se señala– un papel decisivo en el logro del desarrollo sostenible, y la justicia social. Es parte de las estrategias nacionales de desarrollo para reducir la pobreza y la vulnerabilidad; respaldar el crecimiento inclusivo y sostenible; facilitar la transformación estructural de la economía; y, promover el trabajo decente. Son, entre otras, sus externalidades positivas y es también uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por los países de las Naciones Unidas en 2015.

Alemania fue el primer país del mundo que definió un programa de seguro social para la vejez, diseñado por Otto von Bismarck (1815-1898), hace ya muchísimo tiempo. En 1941, en la Carta del Atlántico, el presidente Roosevelt y el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, se comprometieron a mejorar las normas laborales, el progreso económico y la seguridad social. En Francia, Pierre Laroque lideró esos esfuerzos. Claro, el papel del Estado fue siempre fundamental.

La Declaración de Filadelfia, de la OIT, en 1944, hizo un nuevo llamamiento por la seguridad social y la cooperación. Un año más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que “…toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”. En 1952, la OIT patrocinó el Convenio sobre la Seguridad Social y en 2001 puso en marcha una Campaña Mundial en materia de Seguridad Social y Cobertura para Todos.

Tal es, en brevísima síntesis, la historia general del sistema, que en el caso de Ecuador se estableció parcialmente en 1928, siendo presidente el doctor Isidro Ayora. Desde entonces, pretendía funcionar de forma independiente del Estado, particularmente en términos patrimoniales. Las prestaciones fueron mejoradas en el tiempo. Una nueva estructura se definió en 1970, con la creación del IESS.

Sin embargo, una mala gestión, en particular desde 2007, ha llevado al IESS y al Biess, su banco (habrá que evaluar la “pertinencia” de su creación), a la crítica situación que enfrenta y cuyas características han sido investigadas con rigurosidad por la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, MESS, apoyada por Esquel, que propone un cambio estructural del sistema.

Para la MESS, debería llegarse a la definición de un nuevo Código de Seguridad Social, que garantice el bienestar futuro de los trabajadores y la optimización de los recursos que aportan conjuntamente con los empleadores y el propio Estado.

Las inversiones de la seguridad social, por cierto, tienen objetivos claros –seguridad, rentabilidad mayor, liquidez– y en el mundo se hacen desde mesas calificadas y sujetas a rendición de cuentas a los propietarios de los recursos. Lo financiero, sin embargo, es solo uno de los ejes de la transformación del sistema. En las circunstancias actuales, hay varias opciones para la transformación del sistema que no pueden ser descartadas a priori y que deben ser evaluadas técnicamente, con rigurosidad.

Sería absurdo encargar nuevamente la gestión IESS/Biess a políticos que desconocen materias tan delicadas. En Ecuador, en estos años, se dilapidaron los fondos de los más vulnerables. Se llegó al extremo de hacer operaciones de traspaso de fondos pensiones-salud, inconsultas, y se anularon deudas estatales, irresponsablemente.

El Estado, una vez más, debe asumir sus propias obligaciones en materia de salud pública y protección social. Así, uno de los aspectos que debió ser definido en el marco del acuerdo de Facilidad Extendida con el FMI es la redención de la deuda del Estado al IESS. Esto es fundamental –no lo único– para proyectar las fuentes financieras disponibles y, asimismo, prever la estrategia estatal de pago. La Carta de Intención no hace señalamientos al respecto.

Los estudios actuariales deben, asimismo, prestar la máxima atención a la perspectiva macroeconómica de largo plazo, pues esta afectará la consolidación de los posibles cambios: una macroeconomía desequilibrada no garantiza la estabilización institucional. Igualmente, el Biess, como se anotó supra, tendrá que ser objeto de un examen de resultados, en función de los intereses institucionales.

Esto, en perspectiva de precipitar el cambio radical del sistema, proceso al que deben aportar todos los sectores: trabajadores, empleadores, Estado, jubilados, sin excepción alguna y sin prejuicios.

Corresponde al presidente Moreno liderar el cambio, pues el futuro del IESS/Biess y de la seguridad social es el problema mayor para el ordenamiento de la economía y la sociedad, en medio, además, de un escenario internacional que se ha vuelto muy difícil. Una vez más, todo debe hacerse bien y al mismo tiempo. ¿Meta muy alta? Ya es hora. Inaplazable. (O)

El Estado, una vez más, debe asumir sus propias obligaciones en materia de salud pública y protección social. Así, uno de los aspectos que debió ser definido en el marco del acuerdo de Facilidad Extendida con el FMI es la redención de la deuda del Estado al IESS.