En las últimas semanas se han intensificado las declaraciones de políticos, autoridades, dirigentes gremiales y líderes de opinión, en relación con la muchas veces anunciada reforma laboral.

En esta ocasión, gracias al fracaso de los gobiernos dizque revolucionarios de la región, ya no estamos en tiempos en los que las políticas de Estado estaban encaminadas a perseguir y hostigar al empresario, en que el gobernante y sus secuaces se llenaban la boca hablando de explotación laboral, mientras el Estado central era el principal violador de las leyes laborales, contratando personal sin relación de dependencia y metiéndole la mano de manera inmisericorde a las arcas del IESS para cubrir los huecos del rol de pagos, gracias a haberse farreado los recursos de la más grande bonanza petrolera del siglo.

Estamos en tiempos en los que se habla sin rubor de que la rigidez del sistema contractual laboral sería una de las causas para la falta de inversión privada, para generar nuevos puestos de trabajo, para la reactivación de la economía.

Ese discurso, aunque suena bien y hasta pudiere ser coherente con la posición de los gremios empresariales y positivo para terminar de crear el ambiente propicio para la firma del tan ansiado acuerdo con el FMI, debería ser aterrizado en lo necesario y posible.

Digo esto porque, en mi opinión, no es tan cierto que el actual esquema contractual laboral es un impedimento para la inversión privada nacional o extranjera.

Cuando han existido oportunidades de negocios y dinero en el mercado para realizarlos, la inversión finalmente siempre se ha realizado en el Ecuador, y con ella, la generación de puestos de trabajo, incluso, a pesar de la falta de seguridad jurídica que ha rondado el Ecuador por décadas.

Además, si entramos a analizar la referida legislación, los temas que más ruido hacen en comparación con legislaciones de países vecinos son la estabilidad laboral/indemnización por despido intempestivo y el pago del 15% de las utilidades a los trabajadores. Y ambas conquistas laborales no pueden eliminarse por reforma legal alguna, pues la Constitución vigente tiene el candado de la intangibilidad de los derechos del trabajador; de modo que, salvo que el actual Gobierno quiera recorrer los mismos pasos de su antecesor y pisotear el Estado de derecho y la Constitución, la solución no va por ese camino. Ni tampoco creo que la Asamblea Nacional, a un poco más de un año de las próximas elecciones generales, esté dispuesta a avalar tamaño desaguisado.

Entonces, más allá del discurso clientelar, ¿qué es posible en materia de reforma laboral para ayudar a la reactivación económica?

Establezcan incentivos tributarios para la generación de nuevas plazas de trabajo; pero incentivos reales, no solamente dirigidos a ciertos sectores de la economía o actividades con corona; y regulen todas aquellas actividades laborales no contempladas en el obsoleto Código del Trabajo, esas sí con condiciones modernas, prácticas y equitativas, liberándolas de la arbitrariedad y extorsión de ciertas autoridades.

Y más bien enfóquense en lo indispensable: consolidar la seguridad jurídica y asegurarse de que la liquidez que tiene la banca privada esté verdaderamente al alcance de los emprendimientos en condiciones y tasas que posibiliten el despegue de un negocio. (O)