Al parecer el Ecuador aún no logra asimilar el legado funesto del correísmo, en cuanto a la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos. Cuando Rafael Correa estaba en la cúspide de su popularidad, propuso el año 2011 la famosa “metida de manos a la justicia”, dizque para mejorarla en todo sentido. Cuando se cuestionó su despropósito, invocó “su buena fe”. Triunfó en consulta popular su tesis por estrecho margen y ya sabemos, al cabo de casi una década, las terribles consecuencias de esa nefasta decisión.
Y, al parecer, no asimilamos la lección, pues esa famosa Comisión Internacional de Lucha Contra la Corrupción que acaba de crear el presidente Moreno con 2 años de retraso a una de sus tantas ofertas de campaña, más parece una salida aturdida ante la presión social que exige medidas claras y concretas para combatir eficazmente la corrupción que nos desborda, pues el prontuario judicial del correísmo va en ascenso por las mañoserías y corruptelas que institucionalizaron algunos de sus connotados miembros, y que van apareciendo poco a poco gracias a la acuciosidad de periodistas de investigación que han destapado casos que prueban el nivel de degradación al que se llegó y la indelicadeza, por decir lo menos, en el manejo de fondos estatales de muchos funcionarios que no respondieron a la confianza pública. El cesante presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, doctor Julio César Trujillo, llegó a declarar, por ejemplo, que al doctor Gustavo Jalkh “debieron haberlo cesado por pícaro”, al reconocer que fue “benigna” la destitución que dispuso el CPC por las barbaridades cometidas por el Consejo de la Judicatura que presidió Jalkh. Si bien el nuevo Consejo de la Judicatura ha empezado a poner la casa en orden, trabaja muy lentamente en la evaluación de los jueces, mientras el país demanda una depuración judicial urgente que reestablezca la confianza en el sistema de justicia, clave para reimplantar la seguridad jurídica.
Ecuador ostenta hoy el dudoso honor de ser el Estado de América Latina que mayor número de demandas tiene en el Sistema de Derechos Humanos, precisamente por el cúmulo de abusos, corruptelas y denegación de justicia, en la mayoría de los casos por la inconstitucional intromisión correísta en la Función Judicial que manipularon a placer.(O)
Xavier Neira Menéndez,
economista, Guayaquil
