Bajo el título “Peaje conflictivo en la Península”, el 19 de abril de 2017, en esta columna se publicó un artículo en que hice referencia al problema que en la actualidad todavía no se soluciona, más bien trae inconvenientes entre la ciudadanía y la contratista, que curiosamente cuenta con el beneplácito de ciertas autoridades locales. El asunto es sobre la firma del contrato de delegación de la carretera Chongón-Santa Elena por medio de una alianza estratégica entre el MOP y la empresa Verdú S.A., que pretende cobrar USD 4 por cada ruta.

La firma del contrato con la empresa ganadora es cuestionada por la ciudadanía porque desde el inicio de este proceso, que llevó algunos años debido a varios inconvenientes, ha sido la forma misteriosa y enigmática que ha levantado sospechas. Ciertas autoridades locales, antes opositoras por las tarifas a pagar, ahora se han convertido en fervientes defensoras de Verdú S.A. y sostienen que el asunto es cosa juzgada. Habrá que recordarles que todo lo que se hace Derecho, se deshace en Derecho. La provincia de Santa Elena es una de las más pobres, según datos oficiales. Sería una carga pesada pagar un peaje oneroso. El MOP sostiene que el proceso ha sido socializado con la presencia de la población. Eso no es verdad. En cada sesión solo se notaba la presencia masiva de empleados públicos de ese ministerio. Me consta.

Los tres asambleístas que tiene la provincia de Santa Elena han quedado morosos con el encargo que el pueblo les asignó y la actuación de ellos ha pasado desapercibida: el uno por haber enviado una decena de oficios; el otro denunció la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de la otra asambleísta se ignora su participación. Todos con un denominador común: cero resultados positivos. Es decir, no contamos con defensores de los intereses ciudadanos.

Debo recalcar que la implementación del peaje es importante porque significaría un ahorro vital para los usuarios. Tener una carpeta asfáltica en óptimas condiciones, servicios de ambulancias, servicios de grúas, etc., es una ventaja porque se utilizaría menos tiempo de viaje, ahorro de combustible, de repuestos y sobre todo ayuda oportuna para salvar vidas en caso de accidentes de tránsito. Lo discutido de este asunto es el costo que se debe cancelar.

La semana pasada, se formó un Comité de Defensa, liderado por el abogado Drino Nieto, junto a prestigiosos profesionales peninsulares, que cuenta con el respaldo del pueblo. La prensa nacional ha sido analítica porque afecta la economía de los peninsulares y con cifras reales han inducido que los usuarios rechacen el valor de peaje impuesto de manera obligatoria. De última hora nos enteramos de que miembros del Comité han logrado obtener una copia notariada del contrato, pieza fundamental para que sea analizada por instituciones universitarias o especializadas en determinar si el precio del peaje es el justo a pagar. Esta herramienta es vital para conocer los términos contractuales en que fue firmado por el MOP y Verdú S.A. Hay que anotar que el año pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército presentó una cotización a mitad del precio presentado por la ganadora, pero misteriosamente retiró su oferta.

Es importante la intervención directa del presidente Moreno. Recuerdo que al inicio de su gestión prometió realizar “alta cirugía” en contra de los que afecten los intereses populares. Aquí, señor presidente, tiene una oportunidad para hacer realidad su promesa. Evite derramamiento inútil de sangre. Los peninsulares estamos indignados. (O)