Una estrategia exitosa del correísmo fue la promulgación de leyes de corte autoritario y su aplicación para perseguir a supuestos enemigos políticos. El código penal y la ley de comunicación fueron las expresiones más claras de aquello. Con el primero se criminalizó no solamente la protesta social, sino cualquier forma de discrepancia. Con la segunda se acosó a los medios de comunicación, se implantó la censura previa, se persiguió a la opinión y se aborregó al emporio de periódicos, emisoras de radio y televisión que controlaba (cínicamente calificados como públicos). Las leyes restrictivas y el ejercicio paranoico-autoritario fueron los dos brazos que conformaron la tenaza utilizada para limitar las libertades.

Era inevitable que la legislación quedara como herencia de la tendencia autoritaria. Su eliminación e incluso la posibilidad de reformas parciales son difíciles por la debilidad del Gobierno, por la fragmentación de la Asamblea y también por los cálculos oportunistas de quienes ven a esas mismas leyes como instrumentos útiles para un potencial gobierno propio. Por tanto, aún deberemos soportar por un buen tiempo la vigencia de ese entramado, pero eso no justifica la permanencia del otro brazo de la tenaza, el del ejercicio autoritario basado en la aplicación de esas normas. Al contrario de las leyes progresivas en libertades, que son de aplicación obligatoria, las que apuntan a limitarlas pueden ser dejadas de lado sin que eso afecte al Estado de derecho. Incluso, si lo que se busca es fortalecer la democracia, es prácticamente una obligación no aplicarlas hasta lograr su eliminación.

Pero parece que algunos miembros del Gobierno y del sistema judicial no lo han entendido así y pretenden mantener la herencia completa. Es lo que se puede deducir de las medidas tomadas con respecto a Ricardo Patiño y al portal ecuadorinmediato.com. Al exministro se le formularon cargos por instigación y al medio digital correísta se le puso una demanda por la utilización de fotos que supuestamente estaban protegidas por derechos de autor. Aunque el primero fugó antes de que se iniciara el proceso y el segundo nunca fue sacado del ciberespacio, los dos hechos les sirvieron para victimizarse y constituyeron excelentes piezas para su propaganda. Fue la oportunidad para lanzar una campaña que venían diseñando desde hace tiempo y lograron cierta resonancia, especialmente en el exterior. Pero, eso –que demuestra la torpeza del Gobierno y la persistencia, en muchas instancias judiciales, del afán de agradar a los gobernantes de turno– no es lo más importante.

Lo verdaderamente serio es que se reproduzcan las prácticas del Gobierno anterior. Es verdad que está vigente el entramado jurídico que dejó instalado ese régimen, pero no hace falta demasiado esfuerzo para comprender que, si con ello se pretendía apuntalar un modelo autoritario, su utilización tendrá ineludiblemente ese signo. Si se pretendía enjuiciar a Patiño, había suficientes indicios delictivos para hacerlo en lugar de quedarse en su verborrea. Lo otro, la censura encubierta en la protección de fotografías, solamente se explica por el interés de ciertos funcionarios en mantener intacta la tenaza de la coacción. (O)