En las últimas semanas, desde marzo, las discusiones sobre el estado y perspectivas de la economía ecuatoriana se han focalizado en el análisis de las características e impacto que tendría el Acuerdo de Facilidad Ampliada suscrito con el FMI.

Vista la difícil situación económica del país, que según el propio FMI, en términos del PIB, se deprimiría en este año

(-0,5%) y situaría solo un muy leve repunte en 2020, 0,2%, la necesidad de alcanzar al mismo tiempo otras metas –muy estrictas– en materia de cuentas públicas, deuda externa e interna, reforma laboral y empleo, reforma tributaria y otras, imprime a las expectativas ciudadanas un nuevo tipo de preocupaciones.

Conseguir las metas definidas en el acuerdo no será fácil. En general, los programas tipo FMI suelen ser bastante rígidos y políticamente tropiezan con dificultades para su implementación. Las reformas propuestas exigen ajustes en todos los sectores, que resultan difícil aceptar, al menos si previamente hubo la sensación de bonanza que precipitan los populismos de cualquier signo.

El Ecuador, desde 2007, no fue la excepción: al cabo de 10 años, en medio, además, de cambiantes condiciones de la economía internacional, la factura debía llegar. Y, claro, llegó.

La factura es muy pesada, sobre todo en un contexto en el que buena parte del deber público estuvo signado por actos de corrupción. Se dice que las reacciones sociales al pago de las “cuentas pendientes”, precisamente por esa caracterización, no son aceptadas por los ciudadanos, como eventualmente lo sería bajo otras circunstancias (la solidaridad suele manifestarse, sin restricciones, ante una lamentable tragedia natural, por ejemplo. Ojalá que esos eventos no se repitan más…).

Las leyes, aún en teoría siendo elaboradas por la ciudadanía, no se cumplen –se percibe– a cabalidad, salvo para la conveniencia de algunos. Esto hace que el rechazo al pago por parte de la sociedad sea alto e incuestionable.

La corrupción, quizá por lo mismo, también genera violencia. Y esto complica que los ciudadanos asuman un “escenario” negativo per se. Mientras, “…los ideólogos de derecha o izquierda, en lugar de afrontar los procesos sociales y políticos que tienden a cuestionar las creencias convencionales, prefieren intercambiar acusaciones de fascismo y socialismo a pesar del hecho evidente de que ni el fascismo ni el socialismo constituyen el pensamiento del futuro”.

En su Construcción del orden democrático, de 2014 (CIPCOM, Universidad de los Andes, Venezuela, p. 185), Alfredo Ramos Jiménez, politólogo ecuatoriano, al citar esa referencia de Christopher Lasch, transcribe la polémica parte final: “…su visión del pasado está tan distorsionada como su visión del porvenir”. Así, resulta difícil precipitar consensos en cualquier circunstancia.

De hecho, cuando las metas no se cumplen, el FMI aplica sus previsiones. La semana pasada, en el caso de Argentina, país que mantiene desde finales de 2018 un acuerdo con el FMI, los técnicos del organismo recomendaron medidas de contingencia en caso de que se produzcan faltantes en los ingresos fiscales.

Las autoridades del país señalaron (véase el blog “Ámbito”) como la única posibilidad la reducción de los gastos de capital –obra pública– (dado el año electoral). No obstante, el Fondo propuso otras medidas: mayores reducciones en los subsidios económicos (tarifas); la eliminación de exenciones impositivas; el aumento del IVA diferencial para determinados productos y el avance en el control de la evasión impositiva. En consecuencia, la “alternativa” es “disciplina o más disciplina”.

Este es un tema a tenerse en cuenta en el caso del Ecuador: en efecto, las autoridades han anunciado que los términos de la reforma tributaria se conocerán (¿se aprobarán?) a finales de año. Daría la impresión, por lo señalado, que podrían subsistir dudas en inversionistas interesados en realizar inversiones: ¿es posible hacerlas sin conocer las reglas que regirían en adelante?

Tampoco en esta materia hay una precisión entre “intención” y “realidad”: la inversión extranjera fue en 2018 apenas un porcentaje mínimo del PIB –menos del 1,5%– lo que contrasta con el optimismo oficial (se llegó a señalar que USD 30.000 millones estaban identificados). Tampoco se han conocido los acuerdos de protección de inversiones que reemplazarían a los que fueron denunciados al término del gobierno anterior y si negociación alguna ha sido ya iniciada: los empresarios, se conoce, son renuentes a invertir en tales circunstancias.

En el caso argentino (ejemplo pertinente), el FMI consideró asimismo que las restricciones al comercio internacional “permanecen altas”. Argentina tiene tratados de libre comercio con países que representan solo alrededor del 10% del PIB mundial, a distancia de Chile y Perú, que cuentan con convenios que abarcan al 70% u 80% del PIB global. El FMI ve margen para que la Argentina reduzca unilateralmente aranceles sobre bienes que no son sujeto de tarifas externas comunes del Mercosur (arancel externo común del bloque).

Esta posibilidad, en medio de “zonas grises” en la economía y comercio internacional, tanto para Ecuador como para Argentina, no muestra progreso alguno. Desde EFTA, no hay novedades.

En fin, hay otros temas de actualidad que no se abordan directamente y que tendrán influencia en la “performance” de la economía y de sus instituciones. Uno de esos aspectos es el relativo a la crisis del régimen de seguridad social y a la gestión IESS/BIESS, cuya corrección ya no admite postergación alguna.

Tal crisis, que en términos financieros implicaría una solución largamente más elevada que todos los recursos contemplados en calidad de préstamo por el FMI y los multilaterales en el acuerdo, no es objeto de análisis alguno. ¿Cómo va a procederse? ¿Los cálculos actuariales ofrecidos –no se difunden aún– toman en cuenta el nuevo escenario?

La transparencia es clave. No perdamos ese poder vital. Las autoridades deben proceder en consecuencia. Ya. (O)