Con total repugnancia observo actitudes de ciertos voraces politiqueros que han ejercido, cual carrusel, varias funciones públicas porque al parecer no saben hacer otra cosa. Se nota –y es público– el progreso de sus bienes.

Andan pidiendo el voto con una cara tan dura que de forma desesperada no quieren irse tranquilos a sus casas sino que se postulan a otra entidad pública o postulan a sus comadres, hijos, primos, hermanos, etcétera, levantando las alarmas al pueblo; y lo peor es que la ley de elecciones no dice nada de realizarles primero auditorías externas de entidades reconocidas en su integridad, que no sean manoseadas por autoridad alguna de turno, sino que sea una entidad privada que la ejerza a todos los servidores públicos.

Una entidad privada del pueblo sin ninguna uña negra política.

Aspiro para el bien del pueblo a que los candidatos pasen por auditorías privadas internacionales de entidades íntegras, ahí podríamos por ejemplo conocer si un alcalde, prefecto, presidente del poder Ejecutivo, o del poder Legislativo, o juez alguno, están limpios; obtendrían un certificado que lo acredite a postularse en el CNE, Consejo Nacional Electoral, para las elecciones. Si cometieron corrupción, nunca podrán postularse para candidatura alguna, deberán devolver lo robado, irán a prisión con las máximas penas.

La empresa privada para dar empleo investiga todo, aún más debe ser para que el pueblo le dé empleo a un servidor público que manejará la masa monetaria que genera el país, que manejará el destino de millones de niños, mujeres y hombres.

Es irrisorio que esta ley hoy no exista; no he escuchado que ningún movimiento político la haya propuesto, espero escuchar voces que se unen a esta iniciativa y si no lo hacen opino que es porque ciertos podrían tener rabos de paja.(O)

Pedro Miguel Palacios Flores,

ingeniero comercial, Guayaquil