En dos instancias –ante el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio y el Consejo de la Judicatura definitivo–, los integrantes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) han puesto reparos a su evaluación. En esta ocasión argumentan que el reglamento de evaluación integral viola normas constitucionales y del Código de la Función Judicial al pretender valorar su legitimidad y transparencia.

En julio del año pasado, ante el pleno del CJ transitorio, cuya pretensión de evaluarlos no prosperó, la Dra. Paulina Aguirre, presidenta de la CNJ, señaló: “En la lucha contra la corrupción estamos comprometidos todos los funcionarios judiciales, y de verificarse actos de corrupción solicitamos se investiguen, transparenten y sancionen en forma ejemplar, porque las generalizaciones afectan el derecho al buen nombre y dignidad de los servidores judiciales y hacen daño a la credibilidad de la administración de justicia”.

El CJ ha anunciado que la evaluación garantizará la independencia de los jueces y velará por la calidad de la justicia, en un proceso que contará con veedores para garantizar la transparencia. El buen nombre y la dignidad de los servidores judiciales se verán fortalecidos si salen airosos de la evaluación, prevista en el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución, que señala: “... Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas”. (O)