Nos indigna que, a pesar de que se han designado nuevos personeros de los organismos de control por el CPCCS-t, la Corte Nacional de Justicia sigue intacta, no obstante de que hace más de un año el mandato popular dispuso su renovación inmediata. La disputa de competencias respecto de su renovación, entre el CPCCS-t y el Consejo de la Judicatura-t, durante todo el año transcurrido, ha permitido que en la práctica, el clamor ciudadano para sancionar la corrupción de esta Corte y su destitución no haya sido escuchado.

No deja de alarmarnos por la lectura del Informe Final de Gestión publicado por una destacada integrante del Consejo de la Judicatura transitorio, de la serie de desacuerdos, expresamente provocados por alguno de sus integrantes, para dilatar, entorpecer y finalmente enervar la evaluación de la Corte Nacional por dicho organismo, con el aparente oculto propósito de postergarla, consiguiendo que esta labor corresponda a los integrantes del actual Consejo de la Judicatura.

Igualmente por estas disputas internas, tampoco pudo el Consejo de la Judicatura evaluar, erradicando la corrupción aún activa en cortes provinciales y juzgados de toda índole, incorporando en esta labor tan necesaria a los mal llamados jueces de coactiva.

Y es que no podemos dejar de insistir, para nunca olvidar, que la corrupción de la década pasada infectó todos los espacios de la justicia, como un ántrax esparcido que, invadiendo, corrompió la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia. De ahí la necesidad de su renovación total inmediata ordenada por la consulta, mandato parcialmente preterido hasta ahora. La Corte Constitucional, cuya subsistencia no solo atentaba contra la justicia sino que, principalmente, representaba un enorme peligro para la democracia, fue declarada en vacancia inmediatamente por el CPCCS-t. No así la Corte Nacional.

Materia de objeciones respecto de la independencia del Gobierno anterior ha sido la designación de la presidenta del Consejo de la Judicatura, por haber integrado la Corte Constitucional vacante por corrupción, desde su postulación por parte de la presidenta de la Corte Nacional sancionada plebiscitariamente. Ella deberá evaluar y designar a los nuevos integrantes de la Corte Nacional.

Satisface que la nueva presidenta ha desmentido desde su posesión, enfáticamente, cualquier duda respecto de su eventual contaminación por su pasado laboral, protestando independencia y transparencia en la elección de la nueva Corte Nacional.

Y es transparencia la necesaria, que despeje las dudas que despiertan la integración de la futura Corte Nacional que exige la ciudadanía, a la que están obligados este Consejo de la Judicatura y el CPCCS-t. Ellos deberán convocar veedurías independientes de la ciudadanía y de organismos internacionales en la evaluación de los candidatos y su elección final, inmediatamente, como paso previo a la convocatoria a los aspirantes.

La Corte Constitucional ha sido conformada con el beneplácito ciudadano, y en la probidad de sus integrantes reposa nuestra confianza de su imparcial aplicación de la justicia constitucional. Demandamos lo mismo de la nueva Corte Nacional de Justicia. (O)