A pesar de algunas iniciativas oficiales, como la reciente creación de la Secretaria Anticorrupción y del Grupo de Enlace Institucional para la Recuperación de Activos, parece evidente que una lucha efectiva contra la corrupción requiere de mucho más que buenas intenciones o recetas utilizadas anteriormente; algunas iniciativas sugerían la conformación de una comisión internacional de la ONU para asesoramiento contra la corrupción, sin perjuicio de lo cual existen otras vías, basadas en la utilización de medios tecnológicos, que han probado ser eficaces en otros países y que podrían servirnos en un futuro no tan lejano.

La clave la tiene una tecnología que se llama blockchain y que, en resumidas cuentas, vendría a funcionar como un libro de contabilidad o una gran base de datos que registra todas las transacciones e impide que estas sean manipuladas. Un caso emblemático, y que le podría servir de espejo a Ecuador, es el de Ucrania, luego de varios años de inestabilidad política y de corrupción sistemática, un grupo de jóvenes de dicho país decidió crear un sistema de licitación electrónica llamado ProZorro, considerado “la más transparente plataforma de control del gasto gubernamental en el mundo”. Sin entrar a analizar el funcionamiento de este sistema (por motivos de espacio) se lo puede resumir como un sistema que permite, entre otras cosas, vigilar todas las subastas públicas y supervisar las compras del Estado, con la ayuda del blockchain, asegurando así la transparencia en las transacciones. Esta iniciativa ucraniana, elogiada por el Banco Mundial, ha sido fundamental para que Ucrania ahorre más de mil millones de dólares desde su lanzamiento.

También es novedoso un proyecto de ley recientemente impulsado en España por parte de la comunidad autónoma de Aragón en el cual se incluye un sistema de licitación electrónica; con este proyecto, la administración pública pretende que cualquier ciudadano pueda tener acceso al registro de ofertas y así verificar el cumplimiento de los todos requisitos, propiciando mayor trazabilidad y control en los procesos. Es válido preguntarse, a estas alturas, por la fiabilidad de estos sistemas: ¿en qué radica su valor diferencial? Cito, a modo de ejemplo, lo ocurrido con la ilegal utilización de los fondos del terremoto del 2016 por parte del Ministerio de Finanzas para otras cuentas: con la ayuda del blockchain la sociedad civil hubiese podido rastrear las transacciones y saber exactamente cómo se estaban utilizando los fondos.

Si bien es cierto que muchos países están incorporando estos nuevos sistemas, no podemos ignorar lo obvio: es complicada la implementación de este tipo de tecnología en nuestro país por distintos motivos, como el atraso tecnológico o los elevados costos que estos suponen. Y hay otro tema esencial que tampoco se puede ignorar y que tiene que ver con todas las implicaciones legales y regulatorias: ¿está nuestro ordenamiento jurídico preparado para los cambios digitales y tecnológicos que se avecinan? Otros países de la región, como Chile, Colombia, Argentina y Brasil, ya están discutiendo sobre estos temas, convencidos de que la tecnología es ahora herramienta esencial en la lucha contra la corrupción. ¿Qué estamos, por lo tanto, esperando? (O)

* Abogado.