Nacía el año 1972, tenía 12 años y cursaba segundo año de secundaria del colegio Cristóbal Colón. Mi padre, Alonso Salgado Guevara, era ministro de Finanzas del último velasquismo. Mi hermano mayor, Carlitos, un fin de semana me dijo emocionado, “¡Eduardo, seremos un país petrolero!”. Entonces no entendí la importancia que los ingresos petroleros tendrían para el país, luego vino el carnavalazo de febrero, los militares derrocaron al gobierno de Velasco… Cuando fui mayor de edad mi padre me contó que preparó un decreto para firma del presidente Velasco, cuya resolución final establecía que el 100% de los ingresos petroleros serían utilizados únicamente para: inversiones de capital en infraestructura, hidroeléctricas, carreteras, puertos y aeropuertos, para modernizar el país, promover la inversión extranjera directa, atraer tecnología de punta, y contribuir activamente para que el sector privado sea el motor del crecimiento económico.

Con investigación y aporte de expertos en petróleo analizaremos la situación de la industria, sugiriendo ideas para la elaboración de un plan estratégico petrolero, cuya ejecución serviría para revertir la tendencia decreciente de la producción, principalmente en los campos maduros, mejorar la generación de ingresos, la competitividad y la inversión extranjera en el sector estratégico más importante del Estado.

Según informes especializados de la industria petrolera y de la web de Petroamazonas, nuestra producción cayó a alrededor de 520.000 barriles/día en el 2018, a pesar del aporte de los nuevos campos Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), de hasta 77.333 b/d. De continuar esta tendencia en la próxima década, el volumen de petróleo de exportación podría caer significativamente, generando la reducción de los ingresos en el presupuesto del Estado que el año pasado fueron de, aproximadamente, $ 8.500 millones. Los ingresos petroleros han representado entre el 30 y 50% de las exportaciones totales en los últimos 30 años.

En la última década prácticamente no se han realizado nuevas inversiones, porque las condiciones contractuales cambiaron en el 2010 cuando el Gobierno modificó los contratos de participación por contratos de prestación de servicios, lo cual –por la coyuntura de precios altos– mejoró los ingresos en el corto plazo, pero ahuyentó la inversión de riesgo en exploración; por otro lado, el ITT no ha cumplido con las expectativas de producción por existir grandes cantidades de agua en los pozos, que dificulta y encarece la extracción de petróleo pesado de 14° API, que es de baja calidad.

Ante este panorama debemos implementar un plan estratégico petrolero de largo alcance, como hizo Colombia, que aumentó su producción de 500 mil a casi 1 millón de barriles/día en el periodo 2007-2013; adicionalmente, incrementó sustancialmente su producción de gas natural, un combustible que genera emisiones de CO2 considerablemente más bajas, y tiene un precio comparativamente menor que el diésel y la gasolina.

Por lo expuesto, se debería promover agresivamente la inversión extranjera de riesgo en recuperación mejorada en campos maduros y en exploración de nuevos campos para, con el aumento de producción, contrarrestar los efectos de la caída de la producción actual y del precio del petróleo. Sin embargo, para atraer la inversión necesitamos reestructurar el sector petrolero y ofrecer mejores condiciones, como lo han hecho México, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, que son nuestros competidores regionales.

Para concluir, el Estado necesita transparentar la situación de la industria en todas sus fases, en especial: producción y comercialización –una especie de Glasnost–. Se recomienda: renegociar los contratos de preventa mediante licitaciones públicas, cumplir con las obligaciones financieras pendientes en contratos de servicios, modificar contratos de servicios específicos (permitir pago en especie), terminar los juicios iniciados a favor y en contra del Estado, establecer condiciones jurídicas seguras para los inversionistas en los contratos y elaborar una matriz comparativa sobre las condiciones que ofrecen los países competidores antes mencionados, con el fin de ofrecer iguales o mejores condiciones.

Proponemos, además, realizar una reingeniería de Petroamazonas como empresa autónoma, preparándola para conseguir financiamiento en el mercado bursátil nacional e internacional; así lo hizo Ecopetrol de Colombia que, siendo empresa estatal, puso en venta hasta el 20% de sus acciones, que fueron compradas por 480.000 ciudadanos colombianos y fondos de inversión internacionales, cotizándolas en el New York Stock Exchange. Esta acción estratégica exige la presentación de estados financieros auditados, el cumplimiento de normas internacionales y de la Securities and Exchange Commission (SEC), ofreciendo transparencia en negociaciones –tanto en la producción como en la comercialización de crudo y derivados–, y cumpliendo con la respectiva rendición de cuentas.

Desde que empezó el boom petrolero en 1972, siento que el país ha progresado mucho, aunque no lo suficiente para crear pleno empleo en la economía, reducir el subempleo y la injusticia social. Sueño despierto con las conversaciones que tenía con mi padre y mi hermano, me habría gustado decirles que Ecuador duplicó su producción petrolera, que tiene gas natural utilizado como combustible principal para el transporte público, que su mayor ingreso proviene del turismo, que somos miembros de un mercado de valores integrado en la Alianza del Pacífico, que la economía creció al 5% anual entre 2020-2030, que tenemos un fondo de inversión producto del superávit petrolero –como lo tiene Noruega– cuyo rendimiento fue del 14% anual en 2017, y que estamos ubicados en el mismo puesto que Chile en el Índice de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial y en el Doing Business del Banco Mundial.

El plan estratégico petrolero debe ser parte de un Plan Nacional de Desarrollo Económico para el periodo 2020-2030, elaborado coordinadamente entre los sectores público y privado. Su objetivo principal será proteger la dolarización y fomentar el crecimiento económico, con una economía más competitiva y abierta al mundo, que nos convierta en un centro financiero regional como Panamá, mejorando la educación, la seguridad social y promoviendo la inversión nacional y extranjera mediante alianzas público privadas o concesiones de empresas públicas con procesos de licitación. (O)