Habiéndose originado cierta polémica con la presencia de un grupo de abogados extranjeros en calidad de observadores de Rafael Correa en el denominado caso Balda, es posible que se haya pensado que estamos frente a una nueva estrategia legal por parte del expresidente, cuando en realidad la presencia de esos abogados responde a una muy clara y determinada estrategia política que se demuestra con la reciente denuncia presentada ante el relator especial de la ONU, en la que se expresa la supuesta persecución judicial que sufriría el expresidente Correa por razones políticas, bajo el argumento de que existe violación de “una lista sustancial de derechos y libertades”.

Creo que resulta procedente plantear un punto central en este escenario, como es el derecho que tiene el expresidente de convocar y/o contratar, en la medida de sus posibilidades, a los asesores políticos y legales que considere conveniente en la defensa de sus intereses; hago la distinción entre convocar y/o contratar, ya que existe la posibilidad real de que los asesores legales hayan venido al Ecuador a participar en esta aparente cruzada, genuinamente convencidos de la palabra de Correa y atraídos por su personalidad y amistad cercana con distintos personajes políticos a nivel internacional. Sin embargo, hay quienes opinan que estos asesores no participan de ninguna manera de forma gratuita, sino que se han movilizado en virtud de un generoso incentivo cuyo origen podría ser objeto de nuevas dudas y conjeturas.

Al respecto, resulta comprensible que la opinión pública plantee interrogantes relacionados con los elevados costos que podría generar la movilización de tales asesores, debiendo destacar que hace pocos meses se generó una discusión similar cuando en España se empezó a preguntar quién pagaba los elevados costos de la defensa legal del expresidente catalán Carles Puigdemont; precisamente uno de los abogados de Puigdemont es posiblemente el asesor legal de mayor peso entre los asesores de Correa, a tal punto de que fue considerado el año pasado uno de los personajes del año en Bélgica, por su efectiva labor legal al conseguir el retiro del arresto internacional que había solicitado España ante la justicia internacional. Qué tanto conoce ese abogado de nuestro derecho es una cosa totalmente distinta.

Quizás el cuestionamiento más trascendente a la presencia de los asesores legales internacionales del expresidente puede plantearse en la medida que cambiemos los escenarios e imaginemos cuál hubiese sido la reacción de Correa, en pleno ejercicio de poder, ante la presencia de unos cuantos abogados extranjeros que vienen no solamente a predicar conocimiento, sino a cuestionar el desempeño de la justicia ecuatoriana. Mercaderes del derecho hubiese sido el calificativo más gentil y amable.

(O)