Una vez que estalló la crisis económica de 1999, España fue uno de los destinos preferidos de los migrantes ecuatorianos para enfrentar esta realidad. Para el 2006 sumaron más de 400 mil compatriotas, llegando en ese momento a constituirse en el segundo grupo más numeroso luego de los marroquíes que se ubicaban sobre el medio millón. Quienes en un inicio fueron vistos con buenos ojos y como mano de obra barata, comenzaron progresivamente a ser una molestia, mensajes como: “en España mandamos los españoles” o “vete a tu país, sudaca” empezaron a tomar fuerza, llegando incluso a hechos criminales cometidos por grupos xenofóbicos y racistas. Ya olvidamos la agresión a Liz Morla, ecuatoriana que fue víctima del racismo y la xenofobia en el metro de Barcelona, o a Wilson Pacheco, que en enero de 2002 fue brutalmente golpeado y luego arrojado al mar, donde se ahogó y murió. Según investigaciones desarrolladas en aquellos años por la Unión Europea, el rechazo en España a los inmigrantes pasó del 8 al 32% desde 1996 hasta el 2004, concluyendo que la sociedad española era cada vez más intolerante con los inmigrantes y asociaba sistemáticamente la inmigración con la delincuencia y el terrorismo.

Es imprescindible entender que los pueblos se ven forzados a la migración, incluyendo la de índole ilegal, con el propósito de garantizar su existencia, para ingresar a una sociedad y economía en la que consideran que tienen posibilidades de mejorar su calidad de vida, no lo hacen para agraviar a esa sociedad, por lo tanto, no hay en ello ninguna actitud criminal.

El Gobierno, la sociedad ecuatoriana, debe mantener un único discurso: los derechos que exigimos para los ecuatorianos ayer, ahora y mañana, en España o Estados Unidos, debemos concederlos en la actualidad a los venezolanos.

Es verdad que la situación del país no es la mejor; tampoco estamos en la posibilidad de ofrecer trabajo ni condiciones económicas mejores a las que otros países podrían hacerlo, por lo que una buena parte de venezolanos se han dedicado a actividades que les permita en algunos casos apenas sobrevivir, pero de eso se trata, de preservar la vida, y el Ecuador debe seguir brindando garantías: protección para atender a niños, niñas y adolescentes en tránsito; albergues estatales transitorios en los que se les garantice el ejercicio de sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la alimentación, a la información y la asistencia jurídica gratuita y procurar acciones para sensibilizar sobre el apoyo que se les debe prestar, junto a campañas de comunicación y concienciación contra la xenofobia. El Ministerio de Trabajo debe adoptar medidas inmediatas frente a las 600 empresas donde alrededor del 60% de estas tenían contratados extranjeros en situación irregular y donde podría existir precarización laboral.

A propósito de toda esta situación, en redes sociales circula el siguiente mensaje que amerita señalarlo. “Frontera: línea en un mapa que indica dónde termina un país y empieza la xenofobia”. El Gobierno, la sociedad ecuatoriana, debe mantener un único discurso: los derechos que exigimos para los ecuatorianos ayer, ahora y mañana, en España o Estados Unidos, debemos concederlos en la actualidad a nuestros hermanos venezolanos, por un mínimo sentido de consecuencia y sobre todo de humanidad. Quienes han llegado a nuestra frontera, a las ciudades, se alejan de un gobierno incapaz de resolver los problemas de esa nación; un régimen que es parte de los denominados gobiernos “progresistas” que a nombre de los más pobres y de la izquierda se han enriquecido a través de la corrupción. (O)

* Expresidente de la FEUE