La seguridad de Guayaquil, Samborondón y Durán ahora está en manos y bajo el liderazgo de tres damas. Cada una parece tener una opinión distinta de cuales son las prioridades a atender, aunque coinciden en ignorar la preocupación de muchos ciudadanos… ¿No es hora de permitir la autodefensa de los ciudadanos?

La flamante ministra del Interior, doña María Paula Romo, anticipó en su posesión que los ejes principales de su gestión se centrarán en particular en: “…delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en todos los espacios, pero sobre todo en el sistema educativo”. (El Comercio)

Pocos días antes Juana Vallejo, gobernadora del Guayas, al asumir el cargo acotó: “Todas las autoridades pensarán la prioridad con carácter de urgente a la protección de los ciudadanos en el tema de seguridad” y que le preocupaban los asaltos en moto.

Días antes, en declaraciones a EL UNIVERSO, la general Tanya Varela puso énfasis en las falencias del modelo de gestión de la seguridad en Guayaquil. Principalmente porque la mayoría de los policías de la ciudad provienen de provincias, trabajan 11 días y salen 3 libres, empleando a veces más de un día en viajar a sus lugares de origen a tomar el descanso.

Según la general Varela, la delincuencia ha llegado a un nivel de violencia tal (hasta matan por un celular), que aun poniendo un policía en cada esquina no hay la certeza de controlarla. Esto obliga a repensar el diseño del control de importación, tenencia y porte de armas, que por el engorroso trámite burocrático impide al buen ciudadano adquirir un arma para defender su vida, familia y patrimonio; sin embargo, la delincuencia obtiene armas y la restricción no ha impactado en la reducción de la inseguridad ciudadana.

¿Existen estadísticas sobre armas con permiso utilizadas en crímenes que justifiquen la restricción? ¿Hay menos inseguridad en la ciudad que en la ruralidad, donde se permite el uso de armas de defensa?

Hay tanta inseguridad que se justifica la concesión de permisos, para el uso civil de armas de fuego; por supuesto, cumpliendo requisitos para acreditar buenos antecedentes del solicitante, destreza en el uso del arma, evaluación en lo técnico (uso, conocimiento, desarme y seguridad) y pruebas psicológicas, con entrevista del usuario. Además, debe establecerse en la normativa que el evaluador será penalmente responsable como autor coadyuvante, si indebidamente otorgare la habilitación del solicitante y este cometiere un crimen.

Las revelaciones de la general Varela deben ser atendidas y discutidas con los especialistas, para luego elaborar los ejes del plan de seguridad del Ministerio del Interior y de la Gobernación y así establecer prioridades. Obviamente, los representantes de la ciudadanía deben participar en el análisis y búsqueda de soluciones. La general Varela lo reconoce: “Debemos organizarnos, respetar la ley, la legalidad, ser mejores vecinos, mejorar la convivencia ciudadana y estar más unidos para ir en contra de la delincuencia”. Esta alta oficial ha ofrecido transparencia: “No queremos ocultar nada, no queremos decir no pasa nada”.

Nótese que la reducción de las cifras de delitos con relación al año anterior solo se ampara en el registro de actos delincuenciales denunciados, cuando hay un número indeterminado de casos no denunciados. (O)